Verde y Azul

Galicia no tramitará nuevos parques eólicos durante un año y medio

El debate sobre las renovables está sobre la mesa. Pendiente. España está viviendo una auténtica explosión de proyectos de parques solares y eólicos. Por un lado, las renovables resultan imprescindibles para luchar contra el cambio climático. Pero, por otro, preocupan los impactos que provocan las placas y los molinos. Ante la avalancha de proyectos, la Xunta de Galicia ha decidido intervenir. Defiende una “planificación ordenada” del sector eólico. Persigue conjugar desarrollo con seguridad jurídica y protección ambiental. Para ello, aplicará a partir de enero una moratoria de 18 meses. Durante ese período de tiempo no se podrá solicitar la instalación de nuevos parques eólicos.

Habrá excepciones. Por ejemplo, en los casos de “clara incidencia” económica y social en el territorio. Las medidas están “orientadas a garantizar un desarrollo ordenado del sector”, señaló el consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde. Pero también responden a los “plazos de tramitación” establecidos por el Gobierno central. Unos plazos que han tenido un “efecto llamada” para tramitar parques eólicos “que aún no tenían un grado de maduración suficiente”, indicó.

Conde añadió que esa planificación debe tener “garantías jurídicas” para los promotores de los proyectos. Pero, al mismo tiempo, tiene que cumplir “todas las garantías medioambientales y de afecciones que tienen los parques eólicos”.

Parque eólico en la Serra do Candán, en Forcarei (Pontevedra). Foto: Faro de Vigo

La moratoria no afectará a los 275 proyectos en admitidos a trámite en Galicia, que suman 7.200 megavatios. Son casi el doble de los existentes en la actualidad. La medida se incluirá en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para el 2022, que se debatirá el próximo miércoles.

Fortísima oposición vecinal

Habrá también cambios, por ejemplo, en la distancia que los aerogeneradores deben guardar respecto a las viviendas. En la actualidad, las torres eólicas deben estar a un mínimo de 500 metros de las casas. Pero la nueva normativa autonómica condicionará la distancia a la altura de los molinos. Tendrán que ubicarse a una distancia cinco veces mayor que las dimensiones del molino, incluidas las aspas. Así que los que alcancen 200 metros de alto (es la altura de los aerogeneradores de última generación) tendrán que instalarse a un kilómetro de los núcleos habitados.

La Xunta cede así a la fortísima presión vecinal contra los parques eólicos, pues es la altura de las torres y su cercanía a los pueblos el principal argumento de las plataformas vecinales contrarias a los parques eólicos. Unas plataformas que se están movilizando cada vez con más fuerza por toda Galicia.

Aunque el registro autonómico que canaliza las solicitudes de nuevos parques eólicos quedará cerrado del 1 de enero de 2022 al 1 de julio de 2023 no se paralizará el sector. Porque seguirá adelante la tramitación de los proyectos ya presentados.

El parón, según la Xunta, permitirá aliviar la actual presión administrativa que supone la enorme cantidad de solicitudes en marcha. Una presión que ha obligado a la Xunta a incorporar a medio centenar de trabajadores interinos, dedicados únicamente a examinar las solicitudes de parques eólicos.

Parque eólico en Montouto (Lugo). Foto: Norvento

Este paréntesis abierto por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo permitirá además analizar con calma los proyectos presentados para seguir con su tramitación o rechazarlos si no superan todas las fases administrativas. Otro objetivo es frenar posibles movimientos especulativos que la Xunta ya había empezado a observar.

Una decisión ministerial desató el caos administrativo

La especulación se produce, por ejemplo, acaparando permisos para parques que luego no se construyen. Porque para construir un parque eólico es necesario un permiso de acceso y conexión a través del cual evacuar la producción a la red. Miles de promotores tienen ese permiso, pero muchos de ellos no ejecutan los proyectos. Así que impiden que otros planifiquen parques en esas zonas, ocupadas solo en teoría.

Esta situación llevó hace unos meses al Ministerio para la Transición Ecológica a establecer unos plazos: los parques que en abril de 2022 no dispongan de la declaración de impacto ambiental (DIA) se quedarán sin permisos de conexión a la red. La decisión ministerial desató un caos administrativo, pues cientos de promotores se lanzaron de golpe a tramitar proyectos que llevaban años guardados en un cajón para conseguir el permiso ambiental.

Pero, además de los proyectos que se tramitan en la Xunta hay alrededor de 2.500 megavatios pendientes en el Ministerio para la Transición Ecológica. En el departamento que capitanea Teresa Ribera deben presentarse los proyectos que superen los 50 megavatios. Es la cifra que separa las competencias autonómica y estatal.

Marcha contra los parques eólicos en A Groba (Pontevedra). Foto: Ricardo Grobas / Faro de Vigo

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ya había admitido hace meses que el sector debe aportar “algo más que parques”. Y “añadir valor añadido a la producción industrial” de la comunidad. De ahí que calificara de “prioritario” un calendario regular para la construcción de nuevos parques y así “garantizar el negocio sostenible de las auxiliares”.

Un objetivo “perfectamente alcanzable”

Desde la reactivación del sector, EGA siempre ha hablado de una media de entre 400 y 500 megavatios anuales. Ese ha sido precisamente en los últimos tiempos el ritmo de incorporación de potencia eólica al sistema eléctrico español: unos 400 nuevos megavatios en Galicia y 2.200 en toda España.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla llegar a 50.300 megavatios en 2030. En la actualidad España suma 26.800, así que el objetivo es “perfectamente alcanzable”, señalan los conocedores del sector.

El Ministerio reconoce que se han incrementado “considerablemente” las solicitudes para instalar nuevos parques eólicos por todo el territorio español. Y que la implantación de este tipo de instalaciones tiene una repercusión sobre el medio ambiente. Así que su evaluación es necesaria en el marco de la legislación comunitaria, estatal y autonómica de evaluación ambiental.

Por ello, Transición Ecológica ha elaborado una herramienta que permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes ambientales para la implantación de los proyectos eólicos. Lo ha hecho mediante un modelo territorial que agrupa los principales factores ambientales. El resultado es una zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio. Se incluyen cinco zonas: máxima, muy alta, alta, moderada y baja.

Zonificación ambiental frente a proyectos eólicos: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/documento3mapaclasificadoeol_tcm30-518031.pdf

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Foto principal: Elecnor

Ramón Díaz

Ramón Díaz Alonso (Llanes, Asturias; 1962). Trabaja desde 1990 en La Nueva España, primero como corresponsal en la comarca oriental de Asturias, después como responsable de la edición del oriente de Asturias y desde 2017 en la sección de Asturias, especializado en información política, de infraestructuras y ambiental. Colabora desde enero de 2021 con Verde y Azul, el canal de medio ambiente de Prensa Ibérica y Grupo Zeta. Es coautor de varias publicaciones de la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo (ASPET).

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