Ana I. MontañezLas energías limpias y renovables son uno de los grandes retos de la humanidad para frenar el cambio climático. Sin embargo, las grandes instalaciones eólicas o fotovoltaicas, que ocupan grandes superficies de territorio, originan a menudo protestas por su impacto mediambiental. Aliente es una plataforma surgida para reorientar este tipo de actuaciones.
Más de 80 entidades y plataformas de todo el país se han unido en la Alianza Energía y Territorio (Aliente) para poner freno a una transición energética carente de planificación y que apueste únicamente por un despliegue “sobredimensionado” de instalaciones renovables a gran escala y “bajo un paradigma centralizado”, que no contemple el impacto que puede generar en su entorno.
“Mantener el actual consumo energético cambiando simplemente fuentes fósiles por renovables implica un mayor impacto ambiental, por lo que lo urgente y verdaderamente inaplazable es la mejora de la eficiencia energética y la reducción del consumo global”, insisten desde Aliente, que recalca la ausencia de políticas que apuesten por el ahorro y la eficiencia energética.
En este sentido, Aliente pone como ejemplo del problema del impacto de los parques eólicos, que suelen ubicarse en áreas montañosas “con elevado valor paisajístico”, y que causan la muerte de miles de aves y murciélagos al colisionar contra los aerogeneradores.
Daños a las aves y los murciélagos
La Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU) calcula que en los últimos 20 años han muertos unos dos millones de quirópteros por este motivo, una situación preocupante, en especial, por la baja tasa de reproducción de la especie, en torno a una cría al año. Una situación extrapolable a las aves: “Pequeñas mortalidades en los parques eólicos pueden suponer un aumento considerable del riesgo de extinción en especies longevas”, esgrime, por su parte, la Asociación Española de Ornitología (Bird Seo Life) en sus directrices para la evaluación de los parques eólicos tanto en aves como murciélagos.
La alianza Aliente destaca igualmente la proliferación de grandes industrias fotovoltaicas, que requieren de amplias extensiones de áreas de cultivo con gran valor por su riqueza agrícola y por ser hábitat de aves esteparias, así como toda la infraestructura eléctrica accesoria tales como subestaciones o líneas de alta tensión para la evacuación y transporte de la electricidad, que impactan en diferentes ecosistemas de toda la geografía española.
“Una transición energética debe abordarse a través de un ambicioso plan orientado a la reducción de las necesidades de la sociedad y a la implementación de prácticas dirigidas a la gestión de la demanda que reduzcan las necesidades netas de potencia de generación y que acerquen las fuentes de producción a las de consumo, evitando el transporte innecesario de energía”, esgrimen desde Aliente, que rechazan una transición energética basada en el concepto de “oferta ilimitada de la oferta renovable”.
Instalaciones más pequeñas y repartidas
Para ello, esta plataforma propone la distribución de pequeñas instalaciones renovables más descentralizadas, frente al desarrollo masivo de estas estaciones, que ocupan grandes extensiones del territorio, de manera que se evite así dañar su “equilibrio y cohesión”, así como “la biodiversidad y el desarrollo local sostenible”.
Asimismo, la alianza esgrime 13 medidas dirigidas a los Gobiernos central y autonómicos para garantizar la conservación de la biodiversidad durante el desarrollo de la transición energética a las renovables, que cuenta con el apoyo de hasta 250 científicos. Entre ellas se incluye la creación de áreas de exclusión donde se impida la construcción de instalaciones masivas (entre ellos, espacios incluidos en la Red Natura 2000, que debería ampliarse), elaborar planes eólicos y fotovoltaicos autonómicos, garantizar la independencia en los estudios sobre impacto medioambiental que dependa de las promotoras, aplicando siempre el criterio científico o hacer públicos los datos de mortalidad de aves y mamíferos de estas instalaciones.
Entre los expertos firmantes del documento con las propuestas dirigidas a las administraciones públicas se encuentran numerosos miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG), de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN), del Instituto de investigación en recursos cinegéticos (IREC), de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU), del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, entre otros, así como de numerosas universidades, tanto españolas como extranjeras.
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