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El Gobierno quiere aumentar un 18% las manadas de lobos y los ganaderos se oponen

Los planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre el lobo persiguen una expansión territorial de la especie de entre un 10% y un 20% de aquí a 2030. Mientras tanto, los ganaderos han desenterrado el hacha de guerra, arremeten contra la ministra Teresa Ribera, y alertan de los perjuicios que causará la total protección del lobo.

El Gobierno quiere que las poblaciones de lobo ibérico aumenten un 18% y pasen de 297 a 350 manadas en España para el año 2030 y que el área de la distribución de la especie se expanda entre un 10 y un 20 por ciento. Una de las primeras medidas para conseguirlo es dejar de considerarlo especie cinegética también al norte del Duero, donde hasta la fecha está permitida su caza.

Así consta en el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando junto con las comunidades autónomas y que ha dado a conocer Europa Press.

El texto defiende a la especie como «parte integral de los ecosistemas españoles» cuya coexistencia con los usos humanos se debe asegurar. Por ello, plantea pasar de las 297 manadas actuales (censo nacional de 2014) a las 350 de aquí a 2030. Además, busca extender su área de distribución entre un 10 y un 20 por ciento en este periodo.

El borrador apuesta por asegurar su expansión «hacia el este» peninsular y «especialmente en el sistema Ibérico» así como hacia «otros territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos sea escasa» y exista hábitat suficiente y adecuado.

Precisamente identifica a Sierra Morena (donde la especie se ha extinguido) como uno de esos lugares de «poca conflictividad». En el texto (que está en discusión con las comunidades autónomas), el Gobierno considera que una de las causas de su extinción es «aparentemente» la caza mayor en fincas cinegéticas «privadas del sur de España».

En ese sentido, apunta que «algunos» empresarios cinegéticos «se quejan de que los lobos mueven las reses objeto de caza, lo que provoca un «resultado de las cacerías impredecible».

«Esto puede producir elevados perjuicios económicos al negocio de la caza. En un tipo de caza tan dependiente del manejo humano, la presencia de lobos puede resultar difícilmente compatible», admite el borrador que, como solución cree que habría que «ajustar el sistema de caza vigente en la actualidad».

Otra de las medidas del texto del departamento que dirige Teresa Ribera, pasa por «perseguir y reducir a niveles irrelevantes» la persecución ilegal del lobo, sobre todo con disparos, trampas ilegales o veneno.

La fórmula busca evitar conflictos a través de una mejora de la coexistencia; implantando sistemas de protección de ganado de manera «generalizada» y «con fondos públicos». Al mismo tiempo, pretende vincular las medidas de desarrollo rural y buenas prácticas agrarias para aplicar sistemas de prevención de daños.

Indemnización a ganaderos

Para compensar las pérdidas de ganado por la depredación del lobo, el borrador quiere que se establezcan sistemas de peritación «homogéneos» y pagos «ágiles y justos» a los afectados, siempre que hayan puesto en marcha medidas preventivas. Se pondrá en marcha un registro nacional de daños para fijar unas «directrices comunes de control de ejemplares» en casos «reiterados» de depredación en explotaciones con medidas de prevención.

Con el fin de evitar una pérdida de la capacidad productiva de los ganaderos se promoverá un «pago adicional agroambiental» en la Política Agraria Comunitaria (PAC) que puede suponer un incremento de alrededor del 30 por ciento del pago de la explotación.

La ministra Teresa Ribera. Foto: Efe

Otra de las líneas de la estrategia de la especie pasa por aumentar el conocimiento del lobo, promover su divulgación y conseguir el «máximo apoyo social» para su recuperación.

De acuerdo con estos objetivos marcados, el borrador plantea como líneas prioritarias de actuación la «homogeneización del estatus de protección legal del lobo a nivel nacional» para establecer un «régimen legal coherente» con el estado de conservación de la especie en los distintos territorios.

Es en ese punto de la estrategia donde justifica la inclusión «de todas las poblaciones de lobo» en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpre) de acuerdo con el dictamen del Comité Científico, que así lo recomienda por su «importancia como patrimonio cultural, científico así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales».

No obstante, reconoce que la información aportada sobre el tamaño del área de distribución» de la especie desde principios del siglo XX «no es concluyente» y por eso, el Comité «se abstiene sobre su inclusión como ‘vulnerable’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas».

Este hecho, adoptado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado 4 de febrero tras una polémica votación, ha desatado la controversia entre las comunidades autónomas que concentran el 95 por ciento de la población de la especie (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), así como de los sectores ganaderos y las organizaciones profesionales agrarias, contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que tiene de su lado a las ONG ambientales y científicas.

También ha sido crítico con la posición del MITECO el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. No obstante, Planas y Ribera han solicitado la comparecencia conjunta en el Senado para explicar la decisión.

Revisar infraestructuras que limiten al lobo

Otras de las acciones propuestas pasan por adecuar infraestructuras, como autovías o trenes de alta velocidad para evitar el efecto barrera que limita el intercambio de ejemplares; la creación de «bosques-isla» en las zonas agrícolas que sirvan al lobo de área de refugio y reproducción; se evaluará y planificará las transformaciones de hábitat que producen las infraestructuras energéticas como parques eólicos y plantas fotovoltaicas dada su «proliferación».

Del mismo modo, se establecerán manadas en las áreas actuales de distribución periférica, especialmente en su flanco oriental y central para favorecer la expansión hacia el Sistema Ibérico y se buscará generar flujos continuos entre la Península y el resto de Europa para evitar el aislamiento genético.

Para que los lobos tengan carroña suficiente, se incentivará el abandono de cadáveres de ganado en régimen extensivo. Otro de los problemas detectados es la hibridación de lobo con perros, por lo que el texto de la Estrategia recomienda capturarlos y retirarlos igual que a las manadas mixtas, de perros asilvestrados y lobos.

Finalmente, propone intensificar la persecución de métodos ilegales de persecución y muerte de ejemplares, para lo que marcarán lobos con emisores GPS para conocer con más detalle su mortalidad no natural, los puntos negros de atropello, envenenamiento, caza o trampeo ilegal.

Los ganaderos, en pie de guerra

Mientras tanto, el sector ganadero español ha mostrado su rechazo a la intención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de proteger al lobo para que deje de ser especie cinegética, una decisión que ven como «una declaración de guerra» que, aseguran, no quedará sin respuesta.

Las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) ofrecían la semana pasada una rueda de prensa telemática conjunta en la que han cargado contra este Ministerio acusándolo de actuar con «sectarismo ideológico», bajo «la idiotez humana», con un «oportunismo político» o «postureo de escaparate», informó Efe.

Los responsables de Asaja, Pedro Barato; COAG, Miguel Blanco; y UPA, Lorenzo Ramos, pidieron interlocución con la ministra, Teresa Ribera, para abordar la situación porque, de lo contrario, anunciaron protestas e incluso llevar el caso a los tribunales.

Foto: Pinterest

En concreto, el presidente de Asaja lamentó que la ministra «sólo se deja aconsejar» por los movimientos ecologistas «más radicales», de tal forma que adopta decisiones «muy arbitrarias, sin analizar las consecuencias».

Barato, quien señaló que el lobo ibérico «no está en peligro de extinción sino en fase totalmente expansiva», afirmó que prohibir su caza supone un «ataque al mundo rural» y se quejó de las «alimañas» que hay en «las mesas» de los despachos, que «hacen poco por defender al mundo agrario».

Asimismo, apuntó que la ministra no le ha convocado a ninguna reunión desde que está en el cargo y cree que ahora es el momento de celebrar una para atajar este problema porque, si no, ve oportuno pedir su dimisión.

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