Verónica PavésPoner a salvo las numerosas especies únicas en el mundo que habitan en Canarias, frenar la avalancha de especies invasoras, reforzar la planificación del suelo y del medio marino, así como ayudar económicamente a quienes viven en áreas protegidas son los ejes de la Ley de Biodiversidad de Canarias. Es la primera autonomía española que prepara una norma de este tipo.
Canarias, una de las regiones con más riqueza natural del mundo, está sufriendo las consecuencias del mal uso que los humanos hacen de su hábitat desde hace décadas. Los estudios reflejan que más de la mitad de las especies autóctonas únicas que se encuentran en este archipiélago están en riesgo de extinción, lo que supone unas 2.000 especies de las 4.200 que habitan en las islas.
Los principales peligros a los que se enfrenta la biodiversidad canaria son la llegada de especies exóticas, las modificaciones de los ecosistemas debido al cambio climático y, por supuesto, la explotación del medio por parte del ser humano. Por eso, el Gobierno autonómico se ha adelantado al resto de comunidades y ha planteado, por primera vez en España, una ley regional que permita preservar esta riqueza natural en peligro de extinción.
Aunque hay situaciones que no se van a poder evitar por mucho que se establezca una política ambiciosa para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, aún hay margen de actuación.
La próxima Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias está en estos momentos (y lo estará hasta finales de abril) atravesando la fase de participación, en la que más de 700 entidades públicas, investigadores y organizaciones dedicadas a esta tarea podrán realizar sugerencias para contribuir a mejorar el articulado.
En Canarias, esta normativa se sumará a las leyes que también se preparan relativas al Cambio Climático y a la Economía Circular. Estas nuevas normas “conformarán el marco legal que nos tenemos que dar para cambiar el modelo”, ha indicado Miguel Ángel Pérez, vicepresidente de Lucha contra el Cambio Climático de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y Turismo. Será, además, la primera ley autonómica en este sentido, pues en otras regiones se ha adoptado la legislación nacional. Una normativa que para Canarias se ha quedado demasiado corta.
El principal objetivo de este marco normativo es lograr modificar la forma “como interactuamos con el territorio”, haciendo que esas interacciones con el medio sean mucho “más amable y menos destructivas” que las actuales.
Principales actuaciones: especies autóctonas e invasoras
La Consejería, en su primer borrador, se centra en varios frentes: detener la invasión de especies exóticas, reforzar la conservación de las zonas de interés o protegidas y mejorar el uso del suelo y ordenación territorial.
Por esta razón, las primeras propuestas de esta ley van encaminadas, por ejemplo, a “lograr que las especies se aclimaten los más rápido posible y así no perder endemismos”. Para ello han creado un banco de semillas, al tiempo que se apuesta por el desarrollo biotecnológico.
También se centra en la planificación, tanto de los usos del suelo como de los espacios marinos, porque “no queremos que ocurra en el mar lo mismo que pasó en la tierra durante el desarrollo sin planificación de los años 80 y 90”.
Asimismo, se incidirá en el control exhaustivo y en la erradicación de las especies exóticas que llegan o se asientan en Canarias. “Somos un coladero”, remarcó el vicepresidente, que señala que “cada vez es más complicado” acabar con este problema.
La termita de Tacoronte, el rabo de gato o la culebra californiana han demostrado la existencia de “verdaderos problemas de control en puertos y aeropuertos”. “Hay muchos barcos que llegan a Canarias, y si no se hace un control, las especies invasoras se nos seguirán colando”, lamenta Pérez.
Ayudas económicas por vivir en espacios protegidos
Por último, este primer esbozo de la ley propone retomar el artículo 39 de la Ley del Suelo, en la que se incluía la figura de los “pagos ecosistémicos”. Estas compensaciones públicas vendrían a ayudar a las personas que viven en espacios públicos protegidos, dado que realizan una contribución indispensable a la conservación de los mismos.
Esta figura existe en otros países, como Guatemala, donde se compensa el esfuerzo por mantener los humedales que llevan agua hasta la costa en buenas condiciones. “Nuestro bienestar depende de aprender a relacionarnos en simbiosis con nuestro entorno”, señala Pérez, que confía que esta ley entre en vigor en 2022.
Aunque la ley está todavía “en fase embrionaria”, la Consejería la considera una prioridad. “Tenemos la obligación de aprobar todo este marco normativo en esta legislatura, para que no decaiga”, señala Pérez, que admite que “Canarias ya llega tarde”.
Suscribe así las palabras de investigadores y distintos expertos en la materia, que desde hace varios años alertan de que el daño que va a sufrir el planeta debido a la irresponsabilidad de los humanos es irreparable.
El Gobierno canario considera que se trata de un marco legislativo “fundamental” para que la comunidad autónoma cumpla con los objetivos de la Unión Europea para “reintegrar la naturaleza en nuestras vidas” de aquí a 2030.
De hecho, durante los próximos 10 años la UE dedicará importantes esfuerzos a reforzar y aumentar su red de áreas protegidas en tierra y mar, así como a adoptar compromisos concretos para restaurar los sistemas degradados y tomar la iniciativa en la lucha contra la biodiversidad a escala global. La nueva ley autonómica pretende remar en la misma dirección y hacer factibles esos objetivos en las islas.
Te puede interesar: Las especies autóctonas, víctimas del cambio climático
Hacer un comentario