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Andalucía mejora «lentamente» la eficacia de sus depuradoras, según los ecologistas

Casi el 70% de las depuradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía cumplen con la normativa legal que las regula, mientras que el 30% restante sigue incumpliéndola. Estas cifras, procedentes del informe que anualmente realiza Ecologistas en Acción, suponen una leve y ascendente mejora del saneamiento en la red pública andaluza en los últimos años.

Ecologistas en Acción ha presentado un amplio informe relativo al saneamiento y depuración en Andalucía basado en el control que ejerce la Administración hidráulica andaluza de las EDAR de más de 2.000 habitantes-equivalentes de los años 2019 y 2020, con el objeto de evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Las conclusiones indican, después de analizar una media de unas 300 aglomeraciones urbanas, que en estos dos últimos años ha aumentado ligeramente el porcentaje de depuradoras conformes a normativa respecto a años anteriores.

En 2020, el grado de conformidad total se sitúa en algo más del 69%, seis puntos más que en 2016, el año con el porcentaje más bajo de cumplimiento. Aún así, el 30% de las depuradoras en funcionamiento “no son conformes a norma”, lo que supone el porcentaje más bajo desde que Ecologistas en Acción analiza el saneamiento y depuración, ha informado esta organización en un comunicado.

Las mejores y peores provincias

Por provincias, las conclusiones son más variables y cambiantes. Córdoba sigue siendo la que mejores porcentajes de funcionamiento tiene, con algo más del 91% en el año 2020. Le sigue Huelva con casi el 85% en el último año.

Solo las provincias de Málaga y Jaén muestran peores rendimientos totales en 2020 que el año anterior. Por el contrario, Almería se muestra como la peor provincia en cuanto a porcentajes con rendimientos medios entre el 54 y 55%; le sigue Cádiz con casi el 57% y Málaga con el 58,5%.

El informe también destaca que las depuradoras analizadas por Ecologistas en Acción solamente suponen el 50% del total de aglomeraciones que hay construidas en Andalucía, según el último Informe de Medio Ambiente correspondiente al año 2019.

Analizando la evaluación acumulada del grado de rendimiento en los últimos ocho años, donde se han estudiado una media de 308 depuradoras de Andalucía, se ve nuevamente que solo Córdoba se ha mantenido en porcentajes que rondan el 84 % de media durante este periodo, lo que la sitúa como la mejor en rendimiento respecto al resto.

Por el contrario, la provincia de Sevilla ha logrado frenar en los últimos dos años el descenso paulatino que experimentaba. Si en 2013 el grado de conformidad era del 84 %, en 2018 no llegó al 59% y ahora, en 2020, se sitúa en el 72%.

Huelva es la que mejor ha evolucionado en 2020, se sitúa como la segunda provincia en conformidad, mejorando en 27 puntos porcentuales desde 2018. Ha pasado de ser de las peores a la segunda mejor tras Córdoba.

“En el último año y medio, la Administración hidráulica de Andalucía ha dado un gran impulso a la licitación de las infraestructuras pendientes que se declararon de interés autonómico en 2010, lo que debe afectar -cuando funcionen a pleno rendimiento- al cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas receptoras del efluente depurado así como al grado de conformidad de la normativa de aguas residuales urbanas”, señala la entidad.

Vertiduo de aguas sin depurar en Isla Cristina. Foto: Europa Press

Ecologistas en Acción anuncia que seguirá exigiendo a las Administraciones responsables (local, autonómica y estatal) la ejecución de las actuaciones pendientes y que aceleren los procedimientos administrativos necesarios y “no escatimen los ingresos del canon para su ejecución”.

Además, reclama a los entes locales de Andalucía que asuman las competencias en materia de tratamiento de aguas residuales.

“Si las administraciones central y autonómica son las responsables de la ejecución de las obras de saneamiento y depuración en función de la declaración del interés en uno u otro sentido, los ayuntamientos tienen que prestar colaboración en esta obligación facilitando los terrenos para ubicar la infraestructura que realice el tratamiento de las aguas residuales urbanas,  expropiando si es menester, agilizando permisos y, sobre todo, asumiendo con posterioridad las operaciones de mantenimiento de las mismas, el verdadero problema para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aguas residuales urbanas”, afirma.

Informe íntegro: https://drive.google.com/file/d/16njAhTNRZAxVcJlEMYCLJ0loPZrPnPOk/preview

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Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer Colomar (Ibiza, 1967) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Desde 1988 ha ejercido el periodismo en prensa, radio y televisión en Bilbao, Catalunya y Baleares. Especializado en información ambiental, desde 2019 coordina la sección Crisis Climática en los periódicos de Prensa Ibérica. Desde 2020 dirige Verde y Azul, el canal de medio ambiente de Prensa Ibérica y Grupo Zeta.

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