Pozos ilegales están desecando Doñana, Mar Menor y Daimiel, afirma WWF

No hay ningún misterio en la desecación de los humedales españoles. Al menos cuatro de ellos son víctimas del ‘robo’ de agua que sufren por parte de las explotaciones agrícolas, que captan este recurso directamente de dichos humedales. Los espacios protegidos de Daimiel, Doñana, el Mar Menor y los acuíferos de Los Arenales sufren una extracción ilegal de agua suficiente para regar 88.645 hectáreas, o lo que es lo mismo, 1,5 veces más que lo que ocupa la ciudad de Madrid, según denuncia este martes WWF. 65.000 piscinas olímpicas podrían llenarse con el agua «saqueada» por los pozos ilegales en estos humedales, señala la entidad.

La ONG ha elaborado un completo informe en el que se analiza la situación que sufren estos cuatro espacios naturales y denuncia la inacción de todas las administraciones públicas que, afirman, ni han controlado el agua, ni saben realmente el volumen del recurso que se extrae de los pozos, al mismo tiempo que se van agotando los acuíferos.

La entidad conservacionista pide a las autoridades una acción «contundente» para mejorar el control; modificar la Ley de Aguas y cerrar «todas» las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad, y reducir la superficie de regadío.

El trabajo de investigación ha sido realizado durante más de un año en el que la ONG afirma que hay «saqueo» del agua en estos cuatro acuíferos, de los más importantes de España, suficiente para llenar más de 65.000 piscinas olímpicas (casi 220 millones de metros cúbicos).

En todos estos casos observan que los cuatro acuíferos están sobrexplotados y en estas zonas se riega con agua extraída ilegalmente. Para WWF, la afección más «dramática» es la de Las Tablas de Daimiel, donde los regadíos ilegales equivalen a más de 62.300 campos de fútbol.

Saqueo del agua subterránea

Además, asegura que el saqueo del agua subterránea es «un grave problema en España» que está alimentado por las expectativas que crea el apoyo al regadío por parte de la política agraria y la inacción así como por la permisividad política de las distintas administraciones en las últimas décadas.

Asimismo denuncia la «alarmante falta de información y opacidad» de las administraciones que no permite saber cuánta agua se extrae realmente, lo que afecta a los cálculos necesarios para una correcta planificación hidrológica.

La normativa para extraer agua subterránea exige solicitar una concesión administrativa para tener derecho a sacar una cantidad de agua para un fin concreto, pero la ONG denuncia que en la realidad en estos cuatro acuíferos es que «sistemáticamente y con total impunidad» se están regando parcelas que no cuentan con autorización para extraer agua.

Tablas de Daimiel

En cuanto a las Tablas de Daimiel, según la ONG, los datos son «alarmantes», ya que al menos 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con agua extraída ilegalmente, el equivalente a más de 62.300 campos de fútbol.

Estos datos «hacen saltar todas las alarmas» ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, seco y mantenido con aguas bombeadas artificialmente para minimizar los impactos y «aparentar normalidad». Mientras, el nivel del agua subterránea bajo ellas se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad.

Aun así las administraciones responsables «desconocen» cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos.

WWF considera a las administraciones de ser responsables de alimentar la sobreexplotación ya que han concedido derechos de uso de agua «muy por encima» de las capacidades fijadas en los planes hidrológicos, lo que causa «descontrol» en el uso del agua subterránea y la debilidad de la Ley.

En concreto, apunta que en Las Tablas de Daimiel la administración pública se ha saltado su propio límite -establecido en el Régimen Anual de Extracciones- que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72 por ciento más de agua del volumen permitido.

Doñana

Por su parte, sobre Doñana y Aljarafe, el humedal más importante de Europa, los datos que ha obtenido WWF concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores, es de más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol.

WWF reconoce que en los últimos dos años el Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado «numerosos» pozos ilegales en la zona pero la Junta de Andalucía no ha hecho lo mismo con las superficies regadas ilegalmente que son de su exclusiva competencia.

De ese modo, valora que a consecuencia de «esta connivencia» la sobreexplotación causada por el cultivo intensivo de fresas y otros cultivos se agrava cada vez más, por lo que el Tribunal de Justicia Europea sentenció el pasado mes de junio a España por el mal estado en el que se encuentra este Espacio Natural.

Doñana ha perdido más del 80 por ciento de sus marismas y el 90 por ciento de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX debido al avance de la agricultura intensiva.

Mar Menor

Por último, se refiere en su investigación al Mar Menor «otro de los epicentros del robo de agua en España» que vive «momentos críticos» tras un «nuevo episodio de eutrofización» que ha vuelto a provocar una sopa verde en la mayor laguna salada de Europa.

A ese respecto, asegura que las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva que ha crecido sin ningún control. El informe señala que hay 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol.

El experto del programa de agua de WWF, Rafael Seiz, ha afirmado que estos casos no son «ejemplos únicos y aislados» sino una muestra de un problema «generalizado» que supone el uso ilegal del agua subterránea en España.

«El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones», ha apostillado.

Los Arenales

Al mismo tiempo, en el acuífero de Los Arenales en Castilla y León, que se reparte entre Ávila, Valladolid, Salamanca y Segovia, WWF afirma que en 2019 se regó con agua extraída ilegalmente 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol. Durante estos años, se ha asistido a una transformación total en esta zona que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas, o remolacha entre otros, altamente demandantes en agua.

En los últimos 15 años se ha registrado un «preocupante descenso» del acuífero de Los Arenales que sitúa el nivel de agua, en Tierra del Vino, la masa de agua subterránea más afectada, por debajo de los 25 metros.

Entre las principales consecuencias del descenso de los acuíferos, la ONG apunta a la contaminación, la amenaza a la salud que conlleva la concentración de nitratos y arsénico, que provoca que en algunos pueblos el agua corriente no sea apta para el consumo humano. Los Arenales depende ahora de «transfusiones de agua de emergencia», de modo que WWF advierte de que esta zona lleva «el peligroso camino de Las Tablas de Daimiel».

Foto principal: Tablas de Daimiel (Efe)

Informe íntegro: https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/agua/el_robo_del_agua/

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