RedacciónEl acuerdo entre la UE y Mercosur, paralizado por la oposición de países europeos ante la deforestación del Amazonas y la amenaza ecológica que supone, ha provocado también el rechazo de ONG ecologistas, movimientos sociales y plataformas civiles de ambos lados del Atlántico.
Una «excelente noticia para el empleo y las oportunidades empresariales generadoras de prosperidad y desarrollo» de las dos regiones: así definió el presidente español, Pedro Sánchez, el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur poco después de su firma en 2019, un tratado que pretende eliminar aranceles entre ambos grupos económicos.
Sin embargo, algunos gobiernos europeos como Austria, Países Bajos, Bélgica o Irlanda han sido reacios a su ratificación; al igual que Francia, donde el presidente Emanuelle Macron lo ha manifestado en algunas ocasiones, y el secretario de Estado de Comercio Exterior, Franck Riester, aseguraba en mayo que no firmarían el acuerdo sin «garantías verificables en materia de lucha contra el cambio climático, la deforestación y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias».
Organizaciones ecologistas y plataformas civiles también se oponen a la aplicación del acuerdo, como Ecologistas en Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, cuya portavoz Marta García Pallarés ha explicado en declaraciones a Efe el rechazo de su organización al mismo ante las contradictorias políticas del Gobierno español.
«Por un lado vemos cómo en el Gobierno se impulsan políticas como la Ley de Cambio Climático», a la que ha descrito como «un avance» en la lucha contra la crisis climática, «y por otro lado se firma un acuerdo comercial que lo que va a hacer es profundizar en la destrucción de ecosistemas muy importantes en Latinoamérica como la Amazonía».
Para la portavoz de Ecologistas, «bajo ningún escenario este acuerdo va a generar un impacto positivo para la economía española, como recoge un informe publicado por el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)»; además, denuncia que desde España se «tienda la mano» al Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al que ha acusado de «lapidar todas las medidas de protección ambiental y de derechos humanos».
Charles Traconte, miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, afirma a Efe que históricamente la deforestación está marcada por el «modelo de desarrollo» que el Gobierno estableció para la agrupación de estados presentes en la cuenca amazónica, conocida como Amazonía Legal: «Brasil en los últimos 30 años especializó su economía en producción agrícola y mineral».
«En Pará -uno de los estados de la Amazonía Legal- hay 8 millones de habitantes y 144 municipios; en el sureste de Pará hay 21 millones de cabezas de ganado. Hay más ganado que gente», asegura Traconte, que atribuye este desequilibrio a la migración que desde hace décadas se produce del campo a las ciudades.
Con lo cual, «el agente deforestador de la Amazonía no son las personas, sino las políticas del Gobierno central, que incentivan la deforestación bajo motivos económicos» y la «formación de latifundios».
Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio Do Clima (ODC), entidad brasileña compuesta de 68 organizaciones, ha asegurado en entrevista a Efe que, pese a que antes de Bolsonaro también existía deforestación, ésta «se ha incrementado un 66 %» dos años después de su llegada al ejecutivo.
Astrini no confía en que la presión internacional cambie la política de Bolsonaro: «los líderes europeos pueden intentar continuar con la firma, pero deberán estar seguros de que estarán haciendo una especie de acto de fraternidad hacia las políticas públicas de Bolsonaro en términos de medioambiente en Brasil».
El reciente cambio en el ministerio brasileño de Medio Ambiente debido a la dimisión de Ricardo Salles, y su sustitución por Joaquim Pereira Leite tampoco se intuye como un «verdadero cambio en las políticas medioambientales», según Marcio Astrini.
«Con Ricardo Salles o Joaquim Leite se va a seguir implementando la misma política», ha remarcado el secretario ejecutivo del ODC, que ha añadido que «Salles no dejó el ministerio porque Bolsonaro estuviese insatisfecho», sino por problemas legales.
La policía investiga actualmente la supuesta relación de Salles con «la exportación ilegal de madera brasileña» a Estados Unidos y Europa; además, «tenía bloqueado el sistema de multas ambientales en Brasil», asegura Astrini.
Asimismo, según el secretario ejecutivo del ODC, la invasión de tierras indígenas por parte de la agroindustria y las «actividades criminales» están creciendo contra esas comunidades en la Amazonía brasileña.
Astrini señala que el reciente Proyecto de Ley 490/2007, impulsado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía en Brasil, «deja imposible la demarcación de nuevas áreas indígenas en Brasil (para su protección) y abre la posibilidad de que las tierras indígenas ya existentes sean tomadas por el agronegocio brasileño».
Junto a este, existen otros dos proyectos que Bolsonaro tiene intención de sacar adelante: el PL 3729, con el que «se flexibiliza la aprobación de licencias de explotación de la tierra para la construcción, la agricultura o la minería», entre otras actividades, y que ya fue aprobado en el Congreso; y el PL 191/2020, que pretende «permitir la actividad minera en tierras indígenas», explica Marcio Astrini.
Por su parte, Marta García Pallarés denuncia que el Gobierno haya asignado «la identificación, delimitación y demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura», quitándole esas competencias a la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), «órgano indigenista que históricamente ha protegido los derechos de las comunidades indígenas», asegura.
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