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Nueva ley: multas de 150.000 euros por desperdiciar alimentos

El desperdicio alimentario es uno de los problemas que tienen las sociedades occidentales y en España va a lucharse contra este fenómeno a través de una ley: la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario, cuyo proyecto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de este mismo lunes. Desperdiciar alimentos estará castigado con multas de hasta 150.000 euros, que en caso de reincidencia grave puede llegar hasta el millón de euros.

Se calcula que en España se tiran a la basura todos los años 1.364 millones de kilos de alimentos, lo que supone una media de 31 kilos por persona, según los datos de 2020.

El problema del derroche alimentario es de tipo medioambiental (puesto que se gastan recursos naturales en algo que termina tirándose) y ético, puesto que mientras esto sucede millones de personas pasan hambre en el mundo.

La ley que impulsa el Gobierno prevé las siguientes medidas para combatir este fenómeno:

Donación de alimentos. Todos los agentes de la cadena alimentaria tendrán que contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio, y se fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento para el caso de sobrantes, la primera de las cuales será la donación a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Todos los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro para sus destinatarios finales.

Foto: Agencias

Transformar los productos no vendidos. Los alimentos no vendidos, pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados en zumos, mermeladas, etc. Y cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados para alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para obtener compost de calidad de uso agrario, para la obtención de biogás y otros combustibles.

Fomentar la venta de alimentos ‘feos’ y próximos a caducar: Los productos con fecha de consumo preferente ya vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación. Las empresas deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo.

Facilitar llevar a casa la comida sobrante del restaurante. Los establecimientos de hostelería y otros servicios similares deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse, sin coste adicional, lo que no han consumido, y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentement en la carta o menú.

Adecuar las fechas de caducidad. El Gobierno adoptará medidas para adecuar las fechas de consumo preferente de los alimentos para prevenir y reducir desperdicio alimentario, y, en su caso, poner en el mercado productos con fecha de consumo preferente superada.

Foto: Starr

Obligación de campañas divulgativas. La ley impone a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable y evitar desperdicio alimentario.

Sanciones. Se establecen cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con la donación de alimentos, que estarán penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros. Las causas de estas infracciones consisten en impedir la donación de alimentos, no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades sociales, o que las entidades sin ánimo de lucro que reciban los alimentos no mantengan unas prácticas correctas de higiene en la conservación y manipulación de alimentos.

También es causa de infracción grave la discriminación en el reparto de alimentos por alguno de los anteriores motivos. Las faltas consideradas muy graves la reincidencia en las infracciones graves, y podrán estar multadas con hasta un millón de euros.

Una vez que se ha aprobado el proyecto de ley en primera lectura, se procede a la consulta con las comunidades autónomas, se recabará la opinión de las organizaciones y asociaciones afectadas por el texto y se solicitarán los informes correspondientes. Está previsto que la ley pueda entrar en vigor, una vez superados todos los trámites, el 1 de enero de 2023.

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Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer Colomar (Ibiza, 1967) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Desde 1988 ha ejercido el periodismo en prensa, radio y televisión en Bilbao, Catalunya y Baleares. Especializado en información ambiental, desde 2019 coordina la sección Crisis Climática en los periódicos de Prensa Ibérica. Desde 2020 dirige Verde y Azul, el canal de medio ambiente de Prensa Ibérica y Grupo Zeta.

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