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Los ecologistas aplauden la Ley de Cambio Climático, pero la ven «insuficiente»

España deberá reducir sus emisiones un 23% para el año 2030, para alcanzar la neutralidad climática en 2050, cuando solo podrá emitirse el CO2 que pueda capturarse por medios naturales. Este es el principal eje de la Ley de Cambio Climático que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y con la que España se suma a la estrategia mundial para detener el calentamiento global.

Sin embargo, la ley española es una de las menos ambiciosas en esta materia de todas cuantas se han aprobado o están a punto de hacerlo en nuestro entorno más inmediato. En el caso de Alemania, el recorte será del 65%, también para 2030, y Gran Bretaña aplicará un 78% de reducción para 2035.

En el conjunto de la Unión Europea, se ha fijado la meta de un 55% de reducción de emisiones para 2030.

Esta “falta de ambición” ha sido objeto de críticas desde las entidades conservacionistas españolas, que a pesar de todo han valorado el paso adelante que supone la ley en relación a la situación actual.

La ley, sin embargo, incluye otros aspectos, como la prohibición de nuevas explotaciones de hidrocarburos en España, tanto en el mar como en tierra firme, así como el cese de la comercialización de coches de gasolina y diesel a partir de 2040, al tiempo que impulsa el despliegue de energías renovables.

La mayoría de organizaciones ecologistas ha celebrado la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que han calificado como “esperada, necesaria e imprescindible” para hacer frente a la crisis climática, mientras que otras creen que es un texto “débil y poco ambicioso”.

Ley cambio climático

La ley climática ha salido adelante con una amplia mayoría de apoyo de los grupos parlamentarios, la abstención del PP y Más País y el voto en contra de Vox.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha asegurado que esta norma es una “reivindicación histórica del movimiento ecologista”, que llega en un “momento crítico”.

“No hay un segundo que perder y es imprescindible actuar con determinación para evitar los peores impactos del cambio climático en un país tan vulnerable a ellos por su ubicación en la región mediterránea”, ha advertido Del Olmo.

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha felicitado al Gobierno por la aprobación de una ley “tan esperada y necesaria”, al tiempo que ha llamado la atención sobre la necesidad de unas energías renovables “responsables”.

A juicio de esta organización ecologista, el texto aprobado hoy debe actuar “como paraguas normativo para activar la ambición climática en la acción de las administraciones públicas y de los agentes económicos”.

SEO/BirdLife ha recordado que la ley “pone deberes a todas las administraciones públicas”, además de “a otras muchas entidades públicas y privadas”.

La directora ejecutiva de esta organización, Asunción Ruiz, ha indicado que la norma “va a permitir que España no sea el desierto de Europa” y “marcará el inicio del camino”.

“Felicitamos al Gobierno, a todos los partidos políticos que han contribuido a mejorar este texto de ley, a las organizaciones que llevamos empujando para que esto sea una realidad y, en especial, a las ciudadanas y ciudadanos que a partir de hoy contamos con una herramienta que mejorará nuestra calidad de vida y de las futuras generaciones”, ha manifestado Ruiz.

Los coches de gasolina dejarán de venderse en 2040. Foto: Agencias

SEO/BirdLife ha entregado esta mañana un fotomontaje simbólico en el Congreso de los Diputados donde este aparece con placas solares y han calculado el ahorro en la factura de la luz con esta acción.

En el montaje puede leerse que la cámara baja “brilla bajo un tejado de placas solares” y “sus 900 metros cuadrados de 404 módulos fotovoltaicos -181,8 kW- generan 262.278 kW/h de energía limpia cada año”, lo que supone “un ahorro anual de más de 23.000 euros en la factura eléctrica”.

Desde Greenpeace han insistido en que la ley “nace mucho más débil de lo que sería necesario para afrontar la crisis climática que enfrenta el mundo” y la han considerado “poco ambiciosa para afrontar esta emergencia e insuficiente para cumplir el Acuerdo de París”.

El texto aprobado, según la organización ecologista, constituye “un punto de partida que tendrá que reforzarse para afrontar con éxito el cambio climático en uno de los países de Europa más vulnerable a sus graves impactos”, pues solo aumentando sus objetivos de reducción de emisiones podrá servir para luchar de forma decidida contra la crisis climática”.

Imágenes como esta dejarán de verse en 2050. Foto: Agencias

Amigos de la Tierra ha manifestado que “no puede evitar celebrar la aprobación de una ley de estas características”, aunque “considera que el Gobierno está perdiendo una oportunidad para enfrentarse a la emergencia climática con un texto excesivamente flojo”.

Por su parte, Ecologistas en Acción (EA) ha reclamado “una ley a la altura de la emergencia ecológica”, pues “hace más de dos años que se inició la tramitación del anteproyecto” y durante todo este tiempo “las consecuencias de la crisis climática avanzan”.

Para EA resulta “necesario” aprobar una ley para abordar “con urgencia” la emergencia climática, pero “los contenidos con que se presenta llegan con más de una década de retraso”.

“Existen avances como la prohibición de la minería de uranio, de las prospecciones de combustibles fósiles o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero, así como la incorporación de un objetivo cien por cien renovable, aunque sólo para el sistema eléctrico y demasiado lejano”, señala.

Desde esta formación ecologista apuntan que “la falta de concreción de algunas de las propuestas, el dejar a normativas posteriores objetivos fundamentales o la falta de una apuesta clara por impulsar mecanismos de participación ciudadana ponen en riesgo los tímidos avances que se den en los próximos años”.

Ocean Care, organización internacional para la protección del medio marino, ha valorado de forma “muy positiva” que la ley prohíba la búsqueda de nuevos recursos de hidrocarburos en todo el territorio español: terrestre y marítimo, incluyendo “el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental”.

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