Verde y Azul

Jorge Olcina: «La Ley de Cambio Climático es un primer paso, pero necesita ser más ambiciosa»

Jorge Olcina es Catedrático de Análisis Geográfico Regional y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. En su opinión, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es un “acuerdo de mínimos”, realista para el contexto español, pero insuficiente para alcanzar la descarbonización climática en 2050, por lo que deberá seguir avanzando en las próximas revisiones.  Por otro lado, echa en falta una mayor profundización en materia de adaptación  y la creación de una “hoja de ruta municipal” que prepare a los ayuntamientos para los inminentes desequilibrios climáticos.

-Esta ley se aprueba con 10 años de retraso desde que se reclamó por primera vez en el Congreso. ¿Qué significa una década para el cambio climático?

-Es una década perdida. Es verdad que no tiene culpa el Gobierno actual, que es el que ha impulsado definitivamente esta ley, pero España lleva una década perdida respecto a otros países de Europa que llevan trabajando esta cuestión desde que comenzó el siglo prácticamente. Por fin se ha aprobado, es una buena noticia, pero tenía que haber sido mucho antes.

-Uno de los objetivos troncales de la Ley de Cambio Climático es reducir las emisiones un 23% con respecto a 1990 para 2030. Europa defiende un 55%. ¿Es suficiente? Las organizaciones ecologistas y formaciones verdes dicen que no y el Gobierno dice que es “coherente”.

-Es coherente con el sistema de producción energética y el tipo de movilidad que tenemos en España. Quizás es una opción realista, pero no es la mejor opción. Tendríamos que ir a los objetivos que en un principio había fijado Europa como medida para toda la Unión Europea en 2030. Y, sobre todo, porque hay un objetivo impepinable, que es la descarbonización en 2050. Ahí sí que tenemos que llegar como mínimo al 80% de reducción de emisiones. Y si en el 2030 estamos en un 30%, difícilmente en 2050 llegaremos a un 80% o más. O sea, que puede entenderse como un objetivo realista en el contexto en el que estamos, porque llevamos años perdidos en la mitigación del cambio climático, pero podría haber sido un poco más exigente.

Jorge Olcina. Foto: Información

-Otras medidas de mitigación para ese año incluyen que las energías renovables supongan el consumo de energía final de, al menos, el 42% y un 74% de la generación de energía eléctrica, además de poner coto a la explotación de hidrocarburos y a los vehículos emisores de CO2. ¿Allanará el camino para alcanzar la neutralidad climática en 2050?

-Digamos que sí, es el camino en la buena dirección. Yo creo que la ley es un acuerdo de mínimos. Por lo menos ya tenemos una primera ley en España de estas características y seguramente habrá que revisarla y ampliarla en sus fines en las próximas décadas, pero ya tenemos un texto base. Pero es verdad que si nos comparamos con otros países europeos, y sobre todo teniendo en cuenta los objetivos 2030 y 2050, pues difícilmente vamos a llegar. Hay que pensar que España nunca ha cumplido el protocolo de Kyoto, lo firmamos y nunca hemos podido cumplirlo, hemos tenido que acudir a la compra de emisiones y gracias a eso hemos “cumplido”, pero ha sido falsear la realidad. España es un país que en estos años de crisis o en la pandemia siempre hemos emitido por encima de lo que deberíamos.

-En menos de dos años tendrá lugar la primera revisión, siempre al alza, de las metas de esta ley, tanto en movilidad, como energía o adaptación. ¿Está de acuerdo con esas revisiones periódicas o hubiese apostado por objetivos ambiciosos desde el principio?

-Quizás es que tampoco se pueda, por lo que decía. España es singular en ese sentido. No hemos tenido hasta ahora ley de cambio climático, no hemos cumplido Kyoto ningún año… por tanto, está bien que se vaya haciendo una valoración continua de los objetivos. Ojalá en estos años nos sorprendan los resultados de ley y podamos tener objetivos cada vez más ambiciosos. A mí no me parece mal que se revise cada poco.

-La ley dicta que los municipios de más de 50.000 habitantes y las islas deberán crear Zonas de Bajas Emisiones en 2023. Un modelo que la justicia ha anulado en Madrid hace poco.  En este sentido defiende que la norma se queda corta.

-Sí. Todo es todo esto es un camino sin retorno y, por mucho que decisiones judiciales echen atrás este tipo de planes de reducción de emisiones en centros históricos o cascos congestionados de tráfico… esto tarde o temprano se tiene que desarrollar incluso con más impulso. El cambio climático, en el fondo, es un tema cultural y tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de querer ir en coche a todos los sitios, de querer recorrer el centro de la ciudad en coche… eso entra en tiempos pasados. Ahora tenemos que apostar por otro tipo de movilidad, transporte colectivo, movilidad eléctrica.

España debe alcanzar la descarbonización en 2050. Foto: Agencias

-El frente costero es una de las zonas más amenazadas por los desequilibrios climáticos y esta ley pretende “incrementar su resiliencia”, por ejemplo, limitando las prórrogas a concesiones para ocupar el dominio público marítimo. Con una tasa de subida superior a los tres milímetros al año, ¿cuáles son las medidas de adaptación más urgentes?

-La subida progresiva del nivel del mar está ahí y hay que ir haciendo una monitorización e ir revisándola año a año con un diagnóstico continuo. Pero a mí, lo que más me preocupa es el efecto de los temporales marítimos, que eso sí que se está comprobado que están teniendo una frecuencia mayor de desarrollo que hace unas décadas. En 2017, aquí en el Mediterráneo tuvimos un temporal, en el 2020 nos afectó la borrasca Gloria… Ahora cada tres, cuatro años años notamos que un gran temporal marítimo está afectando a la línea de costa. Y ahí la apuesta definitiva será revisar la Ley de Costas de 2013 y reducir los períodos de concesión de 75 años que se aprobaron en su día. En la costa española y en el Mediterráneo que es donde más se está notando, y ya no es tanto la subida de los milímetros anuales del nivel del mar, sino el efecto más frecuente de los oleajes, de los temporales marítimos que sí generan daños en la línea de costa, rompen infraestructuras, llegan a las viviendas que hay en primera línea… eso es lo que hay que solucionar.

-Usted considera que estar en la Unión Europea está siendo el principal acicate para que España se ponga al día en cuestión de cambio climático. Sin el paraguas comunitario, ¿la evolución sería más lenta?

-Con los temas ambientales en general. Toda la política ambiental española, afortunadamente, ha venido determinada por las directivas europeas, porque, si no, hubiéramos ido a un ritmo muchísimo más lento y no estaríamos en muchos temas de agua y residuos como estamos ahora, en una posición avanzada, por efecto de las directivas, que tenemos que cumplir.

-En definitiva, ¿cree que la ley da respuesta a la emergencia climática?

-Es un primer paso esperanzador porque, por primera vez, nuestro país dispone de un instrumento legal para aplicar medidas que hagan frente al proceso de cambio climático, pero que va a necesitar de revisiones continuas, de fijar objetivos más ambiciosos.

-¿Qué se queda en el tintero?

-En mi opinión, esta ley se ha quedado un poco corta en toda la parte de adaptación. Así como a la mitigación y al tema energético le dedica muchos artículos, en la parte de adaptación no pasa lo mismo. Y yo creo que ahí se ha quedado corta, porque, así como se obliga a las ciudades de más de 50.000 [habitantes] a que seleccionen zonas de bajas emisiones, yo creo que todas las ciudades españolas de al menos 10.000 habitantes se les debería de haber obligado a elaborar un plan de adaptación al cambio climático, es decir, una gran ‘hoja de ruta municipal’ con actuaciones en materia económica y de planificación territorial para ir adaptándose a los efectos del cambio climático.

-Es decir, que no dependiese de la iniciativa propia de una corporación municipal.

-Sí, porque la realidad demuestra que las iniciativas municipales son siempre voluntaristas, depende del partido que gobierne… si lo dejamos a la suerte de los ayuntamientos, el eco que eso va a tener va a ser mínimo.

-¿Y qué acciones se deberían incluir?

-Esos planes serían la gran hoja de ruta de un ayuntamiento en materia de adaptación al cambio climático. Toda la política urbanística debería estar adaptada a las futuras condiciones climáticas, actividades económicas que se desarrollan en el municipio tienen que estar también adaptadas… En el cambio climático hay dos vías de solución: una, la parte energética, controlar las emisiones y demás, a eso es lo que llamamos mitigación. Por otra parte, como estamos viendo que el ritmo de esas decisiones energéticas va muy lento y las emisiones siguen descontroladas a nivel mundial y el efecto del cambio climático se va a ir manifestando en los próximos años y décadas, lo que hay que hacer es preparar los territorios para minimizar el impacto. A eso es a lo que se llama adaptación. Esta segunda parte es lo que yo veo que se ha quedado menos desarrollado en el texto legal. Hay que hacer un seguimiento muy pormenorizado de los territorios a nivel local para que las medidas se vayan adaptando a la singularidad de cada espacio.

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Ana I. Montañez

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