Ramón DíazEl lobo dejará de ser cazado en toda España, como muy tarde, el 25 de septiembre de este año. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado el proyecto de orden ministerial, por la que todas las poblaciones españolas de lobo quedarán incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Hasta ahora, solo estaban incluidas las existentes al sur del río Duero. El anuncio ha desatado las iras contra la ministra Teresa Ribera: los gobiernos del Noroeste y los ganaderos rechazan frontalmente la protección del lobo y los ecologistas consideran insuficiente el proyecto ministerial.Todos amenazan con recursos ante los tribunales.
La orden, que se somete ahora a información pública durante 20 días y que entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en junio, establece un calendario transitorio hasta que la Conferencia Sectorial la nueva Estrategia Nacional para la Conservación y la Gestión del Lobo, que sustituirá a la aprobada en 2005. Será antes del próximo 25 de septiembre, según figura en la norma.
No obstante, el texto determina que, en tanto no se disponga de esa Estrategia del Lobo, se podrán seguir aplicando las medidas vigentes establecidas por las comunidades autónomas para gestionar el manejo de sus respectivas poblaciones. Esto significa que seguirá habiendo controles poblacionales y cacerías de lobos.
Los argumentos del Gobierno central
“Se fija un calendario transitorio hasta el momento en que surta plenos efectos. Y será en el momento en que la Conferencia Sectorial haya aprobado la Estrategia Estatal del Lobo, no más tarde del 25 de septiembre, cuando el lobo adquiera su nuevo estatus de protección”, señaló el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
¿Qué ocurrirá a partir de esa fecha? “Que todas las comunidades deberán tener sus herramientas de gestión vinculadas a la especie adaptadas a la nueva situación”, añadió Morán. El objetivo del MITECO es mejorar “la cohabitación de una manera armonizada con las actividades de ganadería extensiva y otras en el ámbito rural”.
Además de mantener reuniones con representantes de las comunidades autónomas y de las organizaciones ganaderas y ecologistas, el Ministerio coordina los trabajos de preparación de un nuevo censo nacional de lobo, de manera que pueda actualizarse el número de manadas en 2021 y 2022 con los métodos más avanzados y precisos de cuantificación.
Asimismo, explora en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), nuevas líneas de financiación para habilitar un pago suplementario adicional al pastoreo extensivo en zonas de convivencia de grandes carnívoros, como contrapartida por servicios ambientales, así como ayudas para medidas de protección del ganado en zonas con presencia de lobo que eviten ataques o reduzcan la probabilidad de depredaciones.
“En suma, se busca implantar criterios objetivos, comunes y justos de compensación de las pérdidas por daños de lobo, con recursos financieros públicos, que permitan asentar una coexistencia estable entre el lobo y la ganadería, y mejorar la percepción social en el medio rural”, resaltó el Ministerio, que apuesta por el “diálogo” entre todos los actores implicados para alcanzar un “equilibrio” que posibilite la conservación de la especie y el desarrollo de la ganadería extensiva.
La postura de las comunidades del Noroeste
Los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han decidido formar un “frente común” para intentar frenar los planes de Ribera. Ya han anunciado que alegarán en contra del cambio de estatus del lobo, y exigen que se mantengan “en su integridad” los planes autonómicos de gestión de la especie, que en todos los casos prevén controles de población y en algunos, también, su caza.
Según las comunidades del Noroeste, el lobo no cumple con los criterios exigibles para protegerlo en toda España, porque la especie está en expansión y “no puede considerarse amenazada”. Exigen, por el contrario, que la futura Estrategia Estatal del Lobo garantice la supervivencia tanto del lobo como de las las explotaciones agrarias.
Los argumentos de los ganaderos
Los ganaderos, por su lado, están dispuestos a organizar movilizaciones y a recurrir por la vía administrativa primero y en los tribunales de justicia a continuación si se consuma la protección del lobo en toda España. Creen que esa decisión es “errónea”, porque la población del lobo está aumentando en España y a su juicio no hay justificación para modificar su estatus actual.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) criticó el “autoritarismo” y la “hipocresía” de Ribera y su actitud “arbitraria” y “antidemocrática” al condenar a la ganadería extensiva a abandonar “su milenario hábitat natural”.
Según las cuentas de COAG, los lobos matan cada año unas 14.000 cabezas de ganado en España, lo que está condenando al pastoreo y a las especies ganaderas autóctonas “a la desaparición”.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) acusó a los dirigentes ministeriales de “ignorar” al sector primario y a las comunidades autónomas del Noroeste, por lo que reclamó la dimisión de Ribera.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores exigió paralizar la inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo en el Lespre, al considerarlo “un despropósito” que está poniendo en peligro la “supervivencia” de la ganadería en extensivo.
Los criterios de los ecologistas
Los ecologistas, finalmente, han calificado de “engaño manifiesto” el proyecto de orden ministerial, porque deja la puerta abierta a que se continúen matando lobos, algo la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) calificó de “opción absurda e ilegal, sin precedentes”. Considera asimismo que el Gobierno de España renuncia al ejercicio de sus competencias al trasladar a las comunidades autónomas la protección del lobo.
Ascel subrayó que la responsabilidad en materia de protección del lobo corresponde al Gobierno de España, y que no se puede vincular a la Estrategia Estatal la aplicación del Real Decreto que incluirá a la especie en el Lespre, porque “no se puede ajustar una norma superior a otra inferior –que no es ni norma– no definida y sin carácter ejecutivo”. Porque así se “vacía de contenido” la protección que implica la norma superior. El colectivo ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales.
El proyecto de orden del Gobierno de España:https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradoromlobo18052021_tcm30-526378.pdf
Información sobre el período de información pública del proyecto de orden ministerial: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/Mod_RD139_2011.aspx
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