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Canarias se adelanta a España: quiere emisiones cero en 2040

Mientras España se ha marcado el objetivo de conseguir ser neutra en emisiones para el año 2050 y reducir un 23% sus emisiones para 2030 (respecto a las de 1990), las islas Canarias son más ambiciosas. El archipiélago atlántico tiene claro que para prosperar y enfrentarse al cambio climático debe ser conseguir la neutralidad de emisiones una década antes que el resto del Estado: en 2040. Para ello, quiere reducir las emisiones un 37% en 2030, respecto a las de 2010, cuando se registró el pico máximo.

“No tendría sentido tener el mismo objetivo temporal”, como asegura el consejero canario de Transición Ecológica, Antonio Valbuena, dado que está previsto que el cambio climático sea mucho más virulento en este archipiélago, con unas consecuencias que distan mucho de las que sufrirán el resto de comunidades autónomas. El gobierno canario está ya elaborando su anteproyecto de ley para ser debatido en el Parlamento insular.

La reciente Ley de Cambio Climático estatal, aprobada con un retraso de casi una década, según los expertos en la materia, se le queda corta a Canarias. De hecho, dentro del panorama europeo, España es uno de los países menos ambiciosos a la hora de fijar el fin de sus emisiones.

“Es preocupante que una ley de este calado no tenga una consideración especial a Canarias como región ultraperiférica y archipiélagica”, señala el oceanógrafo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Aridane González.

Y es que esta nueva legislación, que regulará la actuación de España frente al calentamiento global en los próximos 40 años –en principio los objetivos son hasta 2050–, pasa por alto totalmente las particularidades que existen en los territorios isleños, que, por otro lado, serán las más afectadas por este fenómeno.

Industria contaminante en Canarias. Foto: De la Cruz

De hecho, tampoco tiene en cuenta a Baleares, a pesar de que el Mediterráneo va a ser una de las regiones del planeta más afectadas. Según los expertos, en los próximos años este mar se convertirá en una sopa caliente, en la que el equilibrio atmosférico será muy difícil de mantener. Ya en los últimos años su temperatura ha aumentado un grado y medio por encima de la época preindustrial, y se espera que para 2100 la temperatura máxima aumente hasta nada menos que 3,3 grados.

Para el consejero regional sin embargo, no supone un problema que las distinciones de Canarias no aparezcan reflejadas en el texto legal que ha impulsado el Congreso de los Diputados. “La ley tiene una cobertura nacional y, como tal, hace hincapié en la fragilidad estatal en su conjunto”, insiste el consejero, quien recalca que serán las normativas autonómicas las que vengan a suplir esas carencias normativas. “A nosotros nos sirve como punto de partida, y como impulso para nuestra ley”, insiste Aridane González.

Más mitigación que adaptación

La nueva ley estatal tiene un carácter meramente “mitigacionista”. Así lo cree Abel López, geógrafo y miembro de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL), que aunque considera la Ley nacional un buen punto de partida,  se queda corto.

Según el investigador, que se suma a las palabras de González, esta nueva normativa no acaba de tener una utilidad clara para las Islas por su falta de “ambición”. “Lo que necesitamos es trabajar la adaptación al cambio climático como una forma de garantizar las consecuencias del mismo”, explica el investigador, que recuerda que el impacto de este fenómeno en las Islas va a poner en jaque a “un sector tan vulnerable como el turismo”.

Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Foto: Europa Press

Por un lado, España pretende rebajar un 23% sus emisiones netas de aquí a 2030, lo que supone 222 millones de toneladas de dióxido de carbono. Mientras en Canarias el objetivo está en rebajar sus emisiones un 37% con respecto a 2010 –cuando tuvo lugar el pico máximo, aunque las cifras actuales no disten mucho de ese año de referencia–. El Gobierno estatal invertirá un total de 200.000 millones de euros en estos próximos nueve años para lograr avanzar en la neutralidad climática que se pretende para 2050. En otras palabras, para entonces se pretende que las emisiones de España estén por debajo de su capacidad para captarlas a través de los sumideros de carbono (bosques y océanos).

Ciudades sin gasolina

El objetivo estatal gira en torno a una única fuente de carbono: el coche. Y es que prácticamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (con datos de 2019) las produce el sector del transporte, y una gran parte el de carretera. Por esta razón, la ley aboga por un cambio total en el parque móvil para el año 2050.

La meta es que en ese año no haya ni un solo coche de gasolina o gasoil circulando, es decir, que lo que impere sean los vehículos eléctricos. Para conseguirlo, la industria debe dejar de vender estos coches en tan solo 19 años, es decir, para 2040.

Las emisiones de gases invernadero en Canarias son muy pocas, apenas representan el 0,1% del total mundial. “Los gases de efecto invernadero no son el problema; nosotros vamos a pagar las deudas de otros territorios a un precio mayor”, insiste Valbuena.

La Ley de Cambio Climático tiene otra vertiente, y es dar un impulso decidido a las renovables. El sector eléctrico en estos momentos representa algo menos del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, así que cambiar la forma de captar esta energía puede favorecer asimismo a la mitigación.

El parque móvil deberá electrificarse de forma masiva. Foto: Ser

El texto normativo contempla aumentar hasta el 42% la penetración de energías renovables (frente al 20% actual) en 2030, logrando que para entonces, la generación eléctrica sea un 74% renovable (frente al 40% actual). “Los objetivos de la ley son alcanzables”, indica González, quien estima que en España tenemos suficiente potencial para ello.

Lo mismo sugiere López, que incluso señala que “dada la rápida velocidad a la que avanza el cambio climático, podríamos decir que son escasos”. “Para poder tomarle la delantera hace falta adelantarnos a él y ser muy ambiciosos con los objetivos que nos marquemos”, explica López.

En el caso del oceanógrafo de la ULPGC, la preocupación reside en que “al ser una ley tan transversal (como debe ser) se diluya o se intente modificar cada legislatura con cambios de gobiernos”. Cabe recordar que otros países como Reino Unido han fijado la reducción de emisiones para 2030 en un 78% y que incluso la Unión Europea se ha fijado una meta más ambiciosa que la de España, en un 55% de reducción.

Canarias no obstante, conoce sus debilidades y por eso apuesta por una legislación propia que pueda pilotar para los próximos años el necesario cambio de paradigma que requiere la emergencia climática. Valbuena espera que para antes de final de año el Archipiélago pueda contar con una legislación propia que le permita no solo mitigar su pequeña aportación al calentamiento global, sino que esté dirigida especialmente a adaptarla a las condiciones de vida extremas a la que le va a abocar el cambio climático.

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Verónica Pavés

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