Ramón DíazEl Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha denegado la autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca). Esta decisión supone el punto final a la minería de uranio en España y ha provocado el aplauso de colectivos como Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, la plataforma Stop Uranio y el Movimiento Ibérico Antinuclear.
La escasa fiabilidad y las grandes incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, así como las numerosas deficiencias observadas a lo largo de la evaluación están en el trasfondo de la decisión del CSN, que choca con el informe favorable que había emitido hace justo un año.
Esta decisión supone el fin del proyecto minero de la empresa Berkeley Minera España, SL (BME) en Salamanca. Un proyecto que provocó división en la zona, ya que una parte del vecindario era partidario de la mina, al considerar que generaría trabajo y riqueza.
“El fin de la minería de uranio en España significa el fin de una industria que destruye el territorio, su cultura y su economía, que incrementa la contaminación radiactiva y que es insostenible en la transición ecológica que necesariamente debemos acelerar”, ha declarado Raquel Montón en representación de Greenpeace.
«Negocio mayoritariamente especulativo»
“Felicitamos especialmente al CSN por desechar el proyecto de una compañía como Berkeley cuyo negocio es mayoritariamente especulativo, que ha tratado de coaccionar al organismo regulador y que ha mostrado déficits técnicos sistemáticamente en su proyecto”, ha añadido.
El proyecto, que comenzó en 2013, incluía la mina de uranio de Retortillo-Santidad, una planta de concentrados de uranio y un almacén de residuos radiactivos.
La planta de concentrados es una instalación radiactiva y está sujeta a varias autorizaciones que debe otorgar el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), previo informe del CSN.
Estas autorizaciones son preceptivas en el caso de la selección del emplazamiento, la construcción de la planta, la entrada en funcionamiento de la misma, su desmantelamiento y clausura.
En este caso, el CSN ha emitido su informe desfavorable y preceptivo, respecto a la construcción de la planta, tras estar estudiándolo desde el 7 de septiembre de 2016 y haber requerido información y documentación adicional a Berkeley desde el 2017 hasta el 2020.
Movilización de la sociedad civil
La sociedad civil, articulada a través de la Plataforma Stop Uranio, que se constituyó en 2013, ha sido fundamental para «visibilizar y reclamar la protección del medio ambiente y de las personas» frente a la minería de uranio, han destacado los ecologistas.
Junto a ellas han estado organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción para plantear demandas y propuestas como la que finalmente se incluyó en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética –en vigor desde el pasado 20 de mayo–, que en su artículo 8 prohíbe expresamente las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio.
“Tras una década de movilizaciones vemos la luz al final del túnel”, ha señalado José Ramón Berrueco, en representación del Movimiento Ibérico Antinuclear y la plataforma Stop Uranio.
“Nos podíamos haber ahorrado sufrimiento y 2.000 encinas centenarias si hubiera habido más determinación en defender el territorio ante proyectos dañinos para nuestra tierra”, ha añadido Berrueco.
«El final de una pesadilla»
“Desde un inicio las población de la zona y las organizaciones sociales señalamos la inviabilidad y peligrosidad de abrir una mina de uranio en Salamanca. Estos años hemos comprobado continuos errores y opacidades en la tramitación de este proyecto, una muestra clara de la irresponsabilidad que suponía su continuidad”, ha apuntado Cristina Rois en representación de Ecologistas en Acción. “Nos alegramos de empezar a ver el final de la pesadilla de la minería de uranio en nuestro país”, ha añadido.
Según informó el CSN, el resultado de la votación fue de cuatro votos favorables a la propuesta de dictamen técnico, elaborada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, y uno en contra, correspondiente al consejero Javier Dies, del Partido Popular (PP).
Este consejero emitirá un voto particular por escrito en las próximas horas horas. El dictamen será posteriormente remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El dictamen es vinculante.
Las deficiencias técnicas detectadas en la evaluación por el CSD se refieren principalmente al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, que forma parte de la instalación radiactiva de primera categoría
Una inversión millonaria
Según el CSN, la información aportada no permite “acotar la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras que la empresa propone para envolver los residuos, y consecuentemente tampoco la capacidad de minimizar las concentraciones esperadas de radionúclidos en las potenciales zonas de descarga”.
Berkeley Minera España asegura que había invertido hasta este año más de 94 millones de euros y que había generado más de 60 empleos.
La empresa había anunciado que la inversión final rondaría los 400 millones de euros y que se crearían 1.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Estos argumentos habían convencido a una parte de la población.
Informe del CSN sobre la mina de Retortillo: https://www.csn.es/retortillo
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