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No solo Brasil, también Perú acelera la deforestación del Amazonas

A pesar de las duras restricciones a las actividades económicas y a la movilidad para enfrentar a la pandemia, la deforestación del Amazonas en Perú alcanzó en 2020 la tasa más alta de las últimas dos décadas, mientras sus autoridades aún no presentan un plan para evitar que esta tendencia se mantenga, alertaron a Efe organizaciones civiles.

Perú perdió durante el año pasado 203.272 hectáreas de bosques amazónicos, una cifra superior en 54.846 hectáreas a la de 2019, y a las 177.556 hectáreas de 2014, que era, hasta ahora, la más alta de los últimos 20 años, detalló la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en base a cifras oficiales.

En total, entre 2001 y 2020, en Perú se han perdido 2.636.585 hectáreas de bosques amazónicos, un problema que el año pasado se concentró en un 77% en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Dios y Amazonas.

El incremento en la pérdida de bosques se dio a pesar de que el gobierno que presidió Martín Vizcarra decretó desde mediados de marzo de 2020 una de las cuarentenas más estrictas del mundo, que se prolongó durante casi cuatro meses.

En ese sentido, datos del Ministerio de Ambiente (Minam) indicaron que entre el 15 de marzo, cuando empezó la emergencia sanitaria nacional, y el 15 de mayo de 2020, la deforestación acumulada fue de 7.119 hectáreas, un 28,7 % menor a las 9.981 hectáreas registradas en ese mismo periodo de 2019.

A pesar de que se consideraba que estas cifras podrían marcar una tendencia hacia la disminución, los datos oficiales indicaron finalmente que la tasa anual llegó a las 203.272 hectáreas.

Foto: Agencias

En ese sentido, Gonzales explicó que es probable que la alta deforestación se haya relacionado con la masiva migración de personas hacia sus localidades de origen ante la imposibilidad de cumplir con el aislamiento estricto en Lima y otras ciudades.

Otro aspecto “fundamental” fue “una menor acción de control por parte del Estado en estas áreas” en medio de las restricciones sanitarias, así como el incremento de las actividades ilegales.

Sobre este aspecto, Gonzales dijo que un reporte del gobierno de Ucayali sobre pérdidas de bosques de enero a agosto de este año mostró “un incremento muy grande del narcotráfico, con pistas ilegales para sacar la droga y la apertura de chacras para el cultivo ilegal de coca”.

“En realidad esto es bastante alarmante. Veíamos que a partir del año 2017 había una tendencia ligera a la reducción de la deforestación y lo que hemos visto el último año es que esta se ha disparado hacia el alza, en una vía contraria”, remarcó la experta.

Más dinero para el país si se frena la deforestación

Esta situación, dijo, “tiene una afectación directa, sobre todo en la población que depende de los bosques” como las comunidades nativas, “que cada vez son más amenazadas e incluso pierden la vida en esta lucha constante para que no se afecten los recursos”.

En medio de esta situación, añadió que hasta el momento las autoridades nacionales y regionales no han presentado un plan de contingencia para evitar que esta tendencia se mantenga.

Esto se da a pesar de que Perú forma parte de una declaración conjunta con Noruega, Alemania y Reino Unido que tiene una financiación comprometida hasta por 200 millones de dólares para el país si logra reducir los niveles de deforestación hacia 2025.

“Si esto no ocurre, si esta tendencia que hemos vivido en 2020 empieza a incrementarse, pues desafortunadamente no vamos a poder acceder a ese financiamiento y estamos comprometiendo las posibilidades y las opciones para las poblaciones que habitan y dependen de nuestro bosques”, alertó.

Deforestación en la Amazonía. Foto: Agencias

Por ese motivo, la asociación DAR envió una carta al presidente de Perú, Pedro Castillo, para pedirle “continuar y reforzar” las acciones contra la deforestación y que se promueva la gobernanza de los recursos naturales “para una mejor gestión equitativa y sostenible de las inversiones”.

Además, que se asigne a las poblaciones derechos sobre sus tierras para darles seguridad jurídica y evitar que las actividades ilegales aumenten, así como ordenar la actividad agropecuaria y mejorar la productividad en áreas deforestadas.

Piden la protección del 80% del Amazonas

Mientras tanto, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó el pasado viernes una moción presentada por los pueblos indígenas que pide a los Estados la protección del 80 % de la Amazonía para 2025.

La moción, propuesta por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y varias organizaciones civiles, tuvo el respaldo de 61 Estados y agencias gubernamentales reunidas en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) celebrado en la ciudad francesa de Marsella.

Oficialmente hubo 42 abstenciones y ningún voto en contra, pero los organizadores no han querido comunicar, por el momento, quiénes la apoyaron, y si entre estos están o no los países de la región amazónica.

Esta iniciativa “amplía la conversación sobre la crisis planetaria y las decisiones del futuro”, declaró Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la COICA, organización que reúne a 511 pueblos indígenas de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Surinam, Colombia, Guyana y Guyana Francesa.

Una sesión del congreso de la UICN. Foto: COICA

“Requerimos medidas urgentes desde la especificidad y diversidad de los ecosistemas y quienes habitan en ellos. De lo contrario, la inercia de la política global nos llevará a un escenario apocalíptico”, señaló Mirabal.

Claudette Labonté, coordinadora de Mujer y Familia de esta misma organización consideró que “hoy hemos hecho historia. Los pueblos indígenas de la Amazonía estamos en la UICN para seguir la votación de esta moción. Hemos puesto sobre la mesa una opción que nace desde los pueblos indígenas”.

En el texto de la moción 129 se hace un llamamiento para la aplicación del Acuerdo de Durban, un instrumento de la UICN que fue adoptado en 2003 para permitir a los pueblos indígenas y comunidades locales ser los propios administradores de las áreas protegidas.

Y solicitan a los miembros de este organismo internacional que apoyen las metas de conservación basadas en áreas para garantizar la integridad del ecosistema, detener la deforestación y el cambio de uso de suelo, así como evitar llegar a un “punto de no retorno”.

En la actualidad, se estima que un 17 % del bosque amazónico ha sufrido deforestación y degradación.

Los pueblos indígenas reclaman a los Estados y organismos gubernamentales de la UICN con esta moción promover esfuerzos para restaurar al menos la mitad de las áreas forestales degradadas en la cuenca amazónica para 2025.

Además, les instan a promulgar moratorias sobre las actividades industriales que se llevan a cabo en los bosques primarios, así como a promover proyectos climáticos diseñados para mantener o restaurar la integridad de los ecosistemas.

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