Francisco José BenitoEl respaldo del Consejo Nacional del Agua al proyecto presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica para recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura ha desatado ya una nueva ‘guerra del agua’ entre autonomías, y también con el Gobierno central. La decisión ha levantado en armas al potente sector agroalimentario de Alicante, Murcia y Almería, que desde hace 42 años recibe un volumen de agua que ha dado una enorme prosperidad a la zona. El Ministerio navega entre dos aguas, presionado por Castilla-La Mancha (empeñada en cerrar el trasvase) y por Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana, que defienden su continuidad y rechazan la desalación como la única solución.
Esta es, en síntesis, la posición de cada administración implicada en esta nueva ‘guerra del agua’:
Ministerio para la Transición Ecológica. Defiende recortar el caudal actual del trasvase Tajo-Segura para, según afirma, paliar la reducción de las reservas en el Tajo derivadas del cambio climático y para devolver calidad a las aguas de este río. Los informes técnicos en que se ampara el Ministerio aseguran que los embalses de donde procede el agua siguen por encima del umbral mínimo para permitir dicha acción.
Castilla-La Mancha. En los últimos años se han creado en esta comunidad autónoma 100.000 hectáreas de regadío a fuerza de sacar el agua de acuíferos muy presionados. Por ello, reclama agua del trasvase para sí, tal y como viene defendiendo uno de los barones socialistas, el presidente regional Emiliano García-Page, que ha encontrado una aliada en la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera. El presidente castellano-manchego ha declarado: “Si el agua es de todos, ha de ser también de los sitios por donde pasa el agua”. También ha afirmado que actualmente el río es «una porquería» por su mal estado. La ministra, junto a Díaz-Page, defiende aumentar también los caudales ecológicos del Tajo, lo que mermará las reservas de agua para trasvasar.
Murcia y Andalucía. Ambas autonomías tienen una postura clara. Según Fernando López Miras (PP), presidente murciano, y su homólogo andaluz, Juanma Moreno (PP) –allí el trasvase solo beneficia a Almería-, el recorte no tiene otra razón que seguir la hoja de ruta que marcó en su día la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, convencida de que el sureste debe basar su futuro económico en la desalación. Ambos presidentes, que cuentan con el apoyo incondicional de los agricultores, apelan a la solidaridad territorial y a los beneficios que el agua del Tajo genera en España: cien mil empleos y una aportación de 5.000 millones de euros al PIB nacional. “Andalucía no se quedará quieta”, ha advertido su consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ante lo que considera “un ataque” que “perjudica a una población almeriense de 150.000 habitantes y a siete comunidades de regantes, con unas superficie de 23.000 hectáreas”. También el PSOE de Murcia opina igual. Si se recorta el caudal actual, “no hay alternativas, no hay seguridad ni garantía de suministro de agua para beber y para vivir en un territorio de 2,5 millones de personas», ha declarado también el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa.
Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), ha optado por una actitud de calculada prudencia. Por un lado, defiende el trasvase Tajo-Segura, pero, por otro, ha declinado formar un frente común con sus homólogos de Murcia y Andalucía, porque, según el jefe del Consell, no quiere politizar el asunto y “no fomentar las guerras del agua”. Para Puig, la cuestión del agua no puede ser visto como un enfrentamiento o una especie de indentitarismo que, finalmente, no genera soluciones. “Hace mucho tiempo que la derecha trabaja por las guerras del agua que no ha dado ningún resultado. Nosotros estamos trabajando con los regantes de la Comunidad Valenciana para generar un espacio de diálogo que propicie agua para siempre”, ha señalado. En cambio, su consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), se ha mostrado más rotunda y no ha dudado en señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez “no está mostrando una actitud colaborativa” con la Generalitat. Incluso no descarta “actuar jurídicamente” si finalmente se consuma una decisión que perjudique a la Comunidad Valenciana.
Agua hacia Portugal
Se da la circunstancia de que, mientras esto sucede, el Gobierno español envía todos los años a Portugal a través del río Tajo una media de 6.771 hectómetros cúbicos de agua en virtud del convenio del Albuferia, un acuerdo firmado en el año 2000 por el que España y Portugal se comprometen a mantener los ríos ibéricos que comparten: Tajo, Duero y Guadiana.
El acuerdo contempla que desde el Tajo el caudal mínimo anual sea de 2.700 hm³, pero la Confederación del Tajo envía tres veces más. Mientras, poco a poco, ha ido reduciéndose el aporte al Tajo-Segura hasta una media de 330 hm³ al año, aunque por ley corresponderían 600 hm³.
Los afectados consideran esto un agravio del Ministerio para la Transición Ecológica con Alicante y Murcia. “Mientras hay agua de sobra en el Tajo para enviar a Portugal, poco a poco se seca un trasvase amenazado de muerte”, afirman.
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Me temo que el autor debería documentarse un poco mejor sobre la materia.
Para empezar, habla genéricamente de «recorte» sin mencionar que existen tres cuestiones muy diferentes: el cambio de reglas de explotación, el establecimiento de caudales ecológicos en el Tajo y la «tubería manchega» (contra la que, curiosamente, nadie ha protestado en el Sureste).
El cambio de reglas de explotación es lo que se ha votado ahora en el Consejo Nacional del Agua, y no tiene absolutamente nada que ver con la calidad del agua en el Tajo -pues no cambia el desembalse de referencia-. Más bien sirve para determinar el ritmo al que se trasvasa el agua hacia el Segura, y las reglas en vigor (de 2014) se impusieron por la vía política (SCRATS llamó a Valcárcel, Valcárcel metió a Arias Cañete, y entre todos desactivaron la propuesta técnica de Francisco Cabezas; ver Memoria de actividades 2014 del SCRATS) dando como resultado que se trasvasa demasiado los años húmedos y luego faltan reservas para afrontar los años secos (11 meses de «trasvase cero»). Con las nuevas reglas lo que se pretende es reducir a la mitad el tiempo que se pasa en situación de excepcionalidad (Nivel 3) y trasvase cero (Nivel 4), pero para eso hay que trasvasar menos cuando tienes años húmedos (Nivel 2). El trasvase medio no cambia en casi nada: un 4% max. por mayor evaporación en los embalses del Tajo, al tener más lámina, pero que si regularamos las aguas trasvasadas en los embalses del Segura tendríamos mucha más pérdida (hace más calor). ¿Y por qué defiende el SCRATS la irregularidad de los trasvases? Porque cuando se declara «sequía», logran compensaciones millonarias y le quitan cientos de hm3 a los regadíos tradicionales del Segura (a los que, por desgracia, nadie está dando voz en este conflicto).
Los caudales ecológicos se van a implantar en 2022 como pronto. Todavía no se han votado ni nada, pero estos sí supondrán una reducción del volumen trasvasado. Se implantan tras 5 sentencias del Supremo, anulando parte del Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021 (aprobado tb en 2014) debido a que en vez de caudales ecológicos hicieron la chapuza de meter «mínimos circulantes» (decisión política de nuevo, impuesta por Génova) y así evitar meterse en el lío de reducir el volumen trasvasado. Aunque se comenta mucho lo de la contaminación del Tajo Medio, la metodología de cálculo utilizada no tiene nada que ver con la contaminación, sino que se usan métodos hidrológicos (un % de la frecuencia de ciertos caudales) e hidrobiológicos (simulación de hábitat potencial para especies señaladas). Misma metodología para toda España. Y tampoco tiene nada que ver con las reservas en la cabecera del Tajo de las que habla el artículo.
Finalmente, está la «tubería manchega» que es un trasvase del Tajo al Guadiana. Allí es donde están las famosas 100.000 hectáreas de las que habla el artículo (¡¡no en el Tajo!!), y cuenta con la firme oposición de todos los movimientos en defensa del Tajo. Pero el señor Martínez Arroyo (consejero de Agricultura de CLM, nativo de Ciudad Real) ha impuesto su criterio dentro del gobierno de Page, frente a Tita Elez (ahora alcaldesa de Talavera) que está más con la defensa del Tajo y tenía antes las competencias de aguas. Formalmente es una tubería para abastecimiento urbano, pero en realidad sirve para que los pueblos de La Mancha reduzcan la extracción de aguas del acuífero (de mala calidad para abastecimiento) y estas aguas del acuífero se puedan seguir dedicando a agricultura. Pero insisto: NADIE del Sureste peninsular se ha quejado sobre la «tubería manchega» (pese a que compite por el mismo escaso recurso), y sin embargo atacan a los caudales ecológicos en el Tajo que son un imperativo legal y moral.
En este artículo faltan muchos actores clave -los ribereños de Entrepeñas y Buendía, los ecologistas, los regantes tradicionales del Segura que sufren expolio de sus aguas por «sequía», la cabecera del Segura que sufre los pozos de sequía…-, y se cuenta un cuento muy alejado de la realidad, basado en la confrontación estéril entre autonomías (y no analizando los conflictos de fondo, harto más complejos). Todo ello para caer en una suerte de relato de buenos y malos.
Para la próxima vez estaría bien documentarse algo más y elaborar un discurso que incorpore estos matices.
Pues gracias Sefan por esta ampliación de la información, ya que «los telediarios» pecan de por condensar en poco más que titulares, las noticias de este calado se quedan en «chismes», que al final desinforman y crispan. Son efectivamente muchos actores y sólo teniendo en cuenta a todos y el equilibrio (o reequilibrio) territorial, así como la sostenibilidad social y ambiental a largo, larguísimo plazo, estaremos en el camino correcto…