Verde y Azul

Una multinacional elabora una ‘lista negra’ con 144 españoles contrarios al glifosato

Científicos, periodistas, políticos, activistas medioambientales y figuras públicas españolas figuran en una ‘lista negra’ elaborada por la empresa estadounidense Monsanto, productora de agroquímicos y biotecnología agrícola. El archivo incluye datos personales de 144 personas de España que se han destacado por su rechazo al glifosato, herbicida que fabrica Monsanto y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Una base de datos similar con datos de más de 200 personas ha llevado a las autoridades francesas a multar a la compañía con 400.000 euros. Monsanto elaboró listas similares en otros cuatro países y de instituciones de la UE, con datos privados de un total de 1.475 personas.

En la ‘lista negra’ española figuraba el diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde, contrario al uso del herbicida. Antes de tener conocimiento de su presencia en esa base de datos, hace dos años, el parlamentario recibió cerca de 200 cartas manuscritas en las que supuestos agricultores le exigían que respetara el uso del glifosato. No hay certeza de que ambos hechos están relacionados.

También figuraba en la ‘lista negra’, elaborada en 2016 y 2017, la diputada de Izquierda Unida Eva García Sampere, por estar “fuertemente en contra” del pesticida. Monsanto pretendía hacerla cambiar de opinión a través del lobby español de empresas fitosanitarias.

Un avión fumigador. Foto: Agencias

La lista francesa había sido revelada hace ya dos años por el diario francés ‘Le Monde’ y la cadena gala ‘France 2’. El descubrimiento provocó que siete afectados presentaran una demanda ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL).

Comercializado desde 1970

Este organismo se pronunció hace unas semanas: considera que Monsanto, propiedad desde 2018 del gigante alemán Bayer, recopiló datos de esas personas por su capacidad de influir en la opinión pública sobre el uso del polémico glifosato, comercializado desde 1970 con el nombre de Roundup.

Entre los datos reunidos por Monsanto figuraban el organismo o empresa de trabajo y el puesto ocupado, la dirección profesional, los números de teléfono fijo y móvil, la dirección de correo electrónico y, en algunos casos, la cuenta de Twitter.

El archivo recoge además en un índice del 1 al 5 la capacidad de influencia de cada persona citada y su posible nivel de apoyo a Monsanto en productos como herbicidas y organismos genéticamente modificados (también produce semillas transgénicas).

La CNIL concluyó que Monsanto infringió la reglamentación vigente en materia de protección de datos, al no informar a las personas afectadas de su inclusión en el archivo. Pese a que los datos del archivo fueron recabados legalmente (eran públicos), los afectados, al no ser informados, no pudieron ejercer su derecho de oposición.

Dos activistas realizan una pintada en contra de Monsanto. Foto: AP

Tras hacerse pública la existencia de las listas de Monsanto, Bayer encargó una investigación a la firma de abogados estadounidense Sidley Austin, que concluyó que las listas eran “totalmente legales” pues solo contenían información pública.

El bufete emitió un informe en el que resaltó que no había hallado evidencia alguna de vigilancia ilegal a las personas incluidas en el archivo. Bayer se puso en contacto con todos los afectados informándoles de su presencia en la lista y dándoles así oportunidad de ejercer su derecho de oposición.

Indemnizaciones multimillonarias en Estados Unidos

Las listas habían sido elaboradas por una agencia estadounidense de relaciones públicas en medio del debate en la Unión Europea (UE) sobre el glifosato, contra el que pesan varias sentencias de indemnizaciones multimillonarias en Estados Unidos por cánceres atribuidos a su uso como componente de un herbicida.

Bayer aceptó en 2020 indemnizar con 10.900 millones de dólares (9.330 millones de euros) a gran parte de las decenas de miles de demandantes en Estados Unidos que denunciaban haber sido afectados por el glifosato.

Pese a ello, la multinacional alemana defiende que los estudios científicos señalan que el glifosato es “seguro”. El debate en torno a este compuesto es intenso en Estados Unidos, sobre todo después de que un juez rechazara en mayo un acuerdo millonario para resolver futuras demandas por cáncer relacionadas con el glifosato. Hay cerca de 43.000 demandantes estadounidenses pendientes de ir a juicio: alegan daños en su salud a causa del uso de Roundup.

También la Unión Europea está sumida en una profunda controversia en torno al glifosato. Algunos países ya están adoptando medidas. Luxemburgo ya lo ha prohibido. Alemania ha anunciado que lo prohibirá en los próximos años. En México quedará prohibido a partir de 2024 “por sus efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente”.

Fumigadir. Foto: Agencias

El uso del glifosato en la UE se renovó por cinco años en 2017. Su uso será por lo tanto legal hasta diciembre de 2022. En la votación, el frente contrario al glifosato estuvo encabezado por Francia, Italia y Bélgica. El grupo favorable al herbicida fue liderado por España (gobernaba el PP), Gran Bretaña y Países Bajos.

El herbicida más usado en el mundo

El glifosato (N-fosfonometilglicina) es el herbicida más usado en todo el mundo. Se utiliza para el control de la maleza y el cuidado de jardines, e incluso, en Colombia, para eliminar los cultivos ilegales de coca.

Los agricultores defienden su uso. Subrayan que no existen alternativas para plantaciones extensivas. Y aseguran que eliminarlo incrementaría la huella de carbono del sector. Porque obligaría a incrementar el laboreo, la mano de obra y el uso de maquinaria.

Greenpeace, por su lado, ha iniciado una campaña contra la renovación de la autorización de venta de glifosato en la UE a partir de diciembre de 2022. Lo considera “un veneno”. Según la ONG, cada año se rocían con glifosato millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y hasta aceras en todo el mundo.

“Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”, denuncia Greenpeace.

“Graves impactos en el medio ambiente”

Existe una “fuerte evidencia” de que el glifosato es “cancerígeno para los animales”, subraya Greenpeace. También sospecha que actúa «como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción».

El uso de glifosato tiene demás “graves impactos en el medio ambiente”, pues contamina los suelos y el agua y afecta a organismos acuáticos, desde algas microscópicas hasta peces y moluscos, pasando también por las ranas y sus renacuajos, y organismos como las lombrices de tierra, fundamentales para mantener e incrementar la fertilidad del suelo, apunta Greenpeace.

Un tractor fumigando una plantación. Foto: Agencias

Por último, el uso del glifosato “reduce la diversidad y cantidad de especies vegetales y por ello puede afectar a seres vivos cruciales para la agricultura, como son los polinizadores”, concluye la ONG. Greenpeace señala como alternativa al uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos la agricultura ecológica.

“No solo es la mejor opción para proteger nuestra salud y el medio ambiente, sino que es capaz de alimentar al Planeta si se hacen las inversiones adecuadas y de ser una fuente imparable de empleo verde”, finaliza Greenpeace. La ONG recogió en cinco meses más de un millón de firmas contra el uso del glifosato en la UE.

Información de Greenpeace sobre el glifosato: https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/agricultura/glifosato/

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Ramón Díaz

Ramón Díaz Alonso (Llanes, Asturias; 1962). Trabaja desde 1990 en La Nueva España, primero como corresponsal en la comarca oriental de Asturias, después como responsable de la edición del oriente de Asturias y desde 2017 en la sección de Asturias, especializado en información política, de infraestructuras y ambiental. Colabora desde enero de 2021 con Verde y Azul, el canal de medio ambiente de Prensa Ibérica y Grupo Zeta. Es coautor de varias publicaciones de la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo (ASPET).