Joan Lluís FerrerBiodiversidad. España es uno de los países europeos con más espacios marinos protegidos, tanto desde el punto de vista ambiental como pesquero. Los científicos han comprobado que estas figuras jurídicas funcionan realmente, puesto que se convierten en focos de recuperación que se propagan además a sus alrededores. El programa internacional Intemares trata ahora de dotar de gestión a estos espacios y ampliar además su número.
«El mar es inmenso, pero su protección es mínima». Así resume la situación medioambiental del medio marino la prestigiosa World Wildlife Fund (WWF), que, sin embargo, no niega los fuertes avances que se han producido en esta materia en España durante los últimos diez años. Y es que en este tiempo se ha pasado de tener protegido el 1% de las aguas españolas a alcanzar un 10%. Puede parecer (y sin duda es) una superficie aún insuficiente, pero a pesar de ello España se ha convertido en país líder en la preservación de sus mares dentro de la Unión Europea, donde el porcentaje global protegido se queda en un 4%.
De manera análoga a lo que sucede con tierra firme, el mar precisa de figuras jurídicas que lo protejan frente a la acción del hombre. Y, desde luego, existe un variado repertorio de categorías de protección para el mar, en función de si son responsabilidad del Gobierno central, de las comunidades autónomas o de la Unión Europea, pues todas ellas aprueban sus propias figuras. Las reservas marinas, por ejemplo, están orientadas fundamentalmente a preservar los recursos pesqueros de un determinado lugar, pero hay otras muchas figuras destinadas a una conservación estrictamente medioambiental: Parques Nacionales marítimos (Cabrera, en Baleares), Parques Naturales marinos, Reservas Naturales, Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), Zonas Especiales de Conservación (ZEC)… un sinfín de siglas que a menudo se solapan entre sí y no siempre alcanzan la eficacia necesaria, según los expertos.
«Utilidad más que demostrada»
La científica marina de la organización Oceana Silvia García no alberga la más mínima duda sobre los beneficios de estas figuras de protección a la hora de recuperar el medio marino. «Su utilidad está más que demostrada. Si proteges una zona marina, no sólo se recupera ese ecosistema, sino que los peces y las demás especies se mueven y salen fuera de ella para ocupar otras áreas, de modo que se produce una migración de esa riqueza ecológica hacia fuera».
Ahora bien, esta científica realiza una importante advertencia: «No se trata sólo de declarar protegida una zona, luego hay que hacer los deberes y realizar la gestión correspondiente de dicho espacio». Si no, señala, de poco sirve tener delimitado un perímetro con la etiqueta de área marina protegida. Ese es, precisamente, el gran reto al que se enfrentan los expertos y movimientos conservacionistas: lograr que todas las zonas existentes en España tengan su correspondiente plan de gestión.
En cuanto a los espacios LIC y las ZEPA (figuras europeas dentro de la Red Natura 2000) la mitad de los existentes en España disponen ya de plan de gestión, mientras que otro 25% está en elaboración. No es una proporción demasiado baja, sobre todo en comparación con la media europea, comenta García. Como afirma WWF, «el hecho de que un espacio pertenezca a la Red Natura 2000 no garantiza un buen estado de la salud del mar. Son necesarios planes de gestión con objetivos claros de conservación y que promuevan una participación activa e informada de las personas».
La protección del mar dio un paso importante hace unos diez años con la ejecución del programa internacional Indemares, que permitió proteger en España diez grandes zonas en alta mar. Ahora se ejecuta un nuevo programa similar, que pretende aumentar el número de zonas preservadas y dotar de planes de gestión a aquellas que aún no lo tienen, por ejemplo, el corredor de cetáceos del Levante español recién creado. Desde Oceana confían en que ese corredor, ahora solo una figura jurídica, termine teniendo unas reglas concretas para garantizar la protección y recuperación de las especies y los ecosistemas.
Recuperando la pesca
Una de las zonas de protección que parece estar dando buenos resultados son las reservas marinas pesqueras, concebidas ante todo para recuperar los recursos piscícolas.
Aniol Esteban, responsable de la Fundació Marilles, que trabaja fundamentalmente en Baleares, afirma que «las reservas marinas han funcionado y están dando buenos resultados» y pone como ejemplo la reserva existente entre las islas de Ibiza y Formentera, convertida ya en la más importante del archipiélago por su variedad de especies. Allí, la cantidad de peces (la biomasa total) ha aumentado tanto en las aguas superficiales como en aguas profundas. Pero en este último caso los resultados son especialmente espectaculares, porque hay zonas concretas donde en sólo 11 años se ha más que duplicado el número de peces.
España tiene el 10% de su superficie marina protegida, frente a sólo el 4% del conjunto de la Unión Europea
Así y todo, Aniol Esteban considera que «la mejora experimentada aún está por debajo de lo que se podría conseguir; hay margen de mejora muy importante». Y ello es debido, entre otras cosas, a la falta de financiación pública para realizar un adecuado seguimiento y gestión de estas reservas, algunas de las cuales dependen de las comunidades autónomas y otras del Gobierno central.
Pero hay otros problemas: el hecho de que un área marina lleve la etiqueta de ‘protegida’ no significa que esté libre de agresiones. Oceana recuerda que en casi todas ellas sigue permitiéndose la pesca de arrastre, «una red con pesas abajo que se arrastra por el fondo del mar y arrasa lo que encuentra a su paso», resume Silvia García. «En una zona protegida esto no se debería permitir», señala, dado que encontrar soluciones que palíen sus efectos «es muy difícil».
El director de Marilles señala que las áreas protegidas «generan un flujo de beneficios que se traduce en términos económicos», tal y como acreditan las cofradías de pescadores locales. Y, al contrario, «si erosionamos el capital natural, estamos erosionando el capital económico», señala Esteban.
Objetivo: que el 10% de la superficie preservada de España sea «intocable»
Las reservas integrales, donde todos usos están prohibidos, «demuestran ser la fórmula más eficiente»
La creencia de mucha gente de que la declaración de un área marina protegida equivale automáticamente a la total ausencia de impactos es falsa. Por el contrario, sigue siendo posible la pesca (a veces con métodos agresivos) en su interior, al igual que la navegación, el fondeo y otras actividades humanas. A modo de ejemplo, Aniol Esteban, de la Fundació Marilles, señala que «el 20% de las aguas de Baleares tienen algún tipo de protección, pero únicamente el 0,16% tiene una protección integral, es decir, no se puede pescar nada allí por ser reserva integral». Es necesario, asegura, ampliar considerablemente esta superficie ‘intocable’.
Lo mismo opina desde Oceana la científica Silvia García: «La nueva estrategia europea persigue gestionar adecuadamente un 30% de la superficie marina de Europa para 2030. De ese 30%, se establece que un 10% deberá ser ‘estrictamente protegido’, es decir, con todos los usos prohibidos, a modo de reservas integrales», puesto que esta fórmula «ha demostrado ser la más eficiente para la recuperación de los sistemas degradados», explica.
Distintas figuras de conservación en vigor (sólo las de la Red Natura 2000 de la UE)
Lo ideal, para García, es que todas las Áreas Marina Protegidas, sea cual sea su catalogación, tuvieran al menos ese 10% de su superficie declarado como reserva integral, como en teoría ya tienen las reservas pesqueras de España, sin aprovechamiento posible de ninguna clase. «Ese 10% ‘intocable’ es una medida de gestión básica, permitiendo sólo tareas de gestión e investigación, para proteger los elementos más vulnerables y de mayor valor natural», afirma.
