Verde y Azul

Invasión de macroparques solares en España: aumenta la inquietud

El enorme potencial solar fotovoltaico de España atrae a fondos internacionales, que están montando macroparques solares con extensiones equivalentes a cientos, y hasta miles de campos de fútbol cada uno. Ocupan terrenos agrícolas y ganaderos, provocan graves impactos ambientales y se llevan el beneficio al extranjero. Los pequeños productores de renovables y el sector agroganadero exigen al Estado que revierta esta situación.

Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana… La fiebre fotovoltaica se extiende por España como una ola imparable. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha lanzado la voz de alarma: “La proliferación de macroparques solares afecta gravemente al medio rural”.

Y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) alerta de que la Administración fomenta la creación de macroparques financiados por grandes fondos internacionales, mientras deja de lado los parques de tamaño medio y pequeño, con menos impacto ambiental y más beneficios para pequeñas y medianas empresas (pymes) y para las economías locales.

España cuenta con el macroparque fotovoltaico más grande de Europa, con 495 megavatios, 200 megavatios más que el de su inmediato seguidor –ubicado en Francia–, y tiene los tres parques en construcción con mayor potencia del viejo continente, con 500 megavatios uno y 300 megavatios los otros dos. De este modo, en breve España contará con cuatro de los cinco parques solares más grandes de Europa.

Las cifras no dejan lugar a dudas: en España cuentan con inscripción definitiva 99 grandes instalaciones de generación fotovoltaica: 41 son de 10 a 50 megavatios, 52 son de 50 a 100 megavatios y 6 macroinstalaciones tienen más de 100 megavatios.

En total, 5.489 megavatios, a lo que habría que agregar, en pocos meses, 4 más de la primera categoría, 13 de la segunda y dos de más 100 megavatios, que ya cuentan con su inscripción previa, lo que agregaría otros 1.216 megavatios adicionales en el corto plazo.

Instalación en Cáceres. Foto: Agencias

Anpier alerta de que esta tendencia se acelerará en los próximos años, “en una espiral sin sentido desde el punto de vista de las necesidades del país”. De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establecía el objetivo de incorporar 26.134 megavatios de fotovoltaica en España entre 2021 y 2030, pero en la actualidad ya hay una potencia de acceso solicitada de 96.000 megavatios, 70.641 megavatios más de lo esperado para dentro de nueve años.

“Una especulación desmesurada de grandes fondos de inversión está aprovechando las debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del ciudadano para implantar superficies casi infinitas de paneles fotovoltaicos”, denuncia la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica.

Las consecuencias, en su opinión, serán “graves” para los ciudadanos: “Estos desarrollos ya están saturando las redes y los puntos de evacuación que mantenemos los usuarios a través de la factura de la luz, con lo que, además, bloquean el acceso a las iniciativas fotovoltaicas locales, de tal manera que buena parte del patrimonio solar de nuestro país se aprovechará por entidades foráneas sin dejar riqueza ni empleo en nuestros municipios”, augura Anpier.

La paradoja: España pone el sol y el suelo, pero paga por ello

Asimismo, al estar promovidos los macroparques solares por fondos internacionales, que constituyen un auténtico oligopolio, se dará una paradoja: “Los españoles pagaremos la energía a empresas extranjeras que ofrecerán suministro de nuestro propio sol y en nuestro propio territorio”, añade.

Los megaproyectos fotovoltaicos, que ocupan hasta 1.500 hectáreas de superficie (más de 2.000 campos de fútbol), gozan de unos costes más favorables gracias a las economías de escala, pese a que su desmesura genera impactos sobre el territorio y desequilibrios en el acceso y la eficiencia de las redes de transporte y distribución, porque las están copando, advierten los pequeños productores.

Anpier considera que la alternativa más adecuada a esta “invasión” pasa por favorecer a las “pequeñas” instalaciones de 1 a 10 megavatios, que suponen de 2 a 15 hectáreas de superficie máxima ocupada por proyecto y que conectan con las redes de media tensión ya existentes, que a su vez alimentan a los centros de transformación, con los que se abastece el 75 por ciento del consumo total de energía eléctrica de España.

De este modo, se minimizarían los costes del sistema eléctrico y la factura de la luz se reduciría. El transporte desde los macroparques, por el contrario, debe realizarse necesariamente en alta tensión, con las consiguientes pérdidas de energía en su transporte y distribución.

Instalación en la provincia de Murcia. Foto: Agencias

Los macroparques solares también generan “menores ratios de creación de empleo que las pequeños instalaciones, y la concentración de los ingresos”, que, además, “lejos de quedar en las economías locales, transcienden de las fronteras del Estado para nutrir a grandes fondos de inversión, ahora ahítos de liquidez”, denuncia Anpier, que exige al Ministerio que se ponga manos a la obra para limitar la dimensión y ordenar las localizaciones de los parques fotovoltaicos.

Los agricultores también se quejan

Asaja también ha intervenido en el debate. El presidente de Asaja en Castilla y León, Donancio Dujo, resalta que la primera consecuencia de esta “invasión de macroparques solares” es que se está “expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos”.

Denuncia el “tremendo impacto ambiental” de los macroparques, que afecta a la calidad de vida de los vecinos y de los demandantes del turismo rural y de interior, que buscan“la tranquilidad de la naturaleza, no la visión de cientos de hectáreas de placas solares”.

Además, a las hectáreas ocupadas por las placas, hay que sumar “el despliegue de redes kilométricas, previa expropiación forzada de tierras, que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades, principales demandantes del recurso”. Redes que, al igual que los parques, suponen “un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan”, alerta Asaja.

La organización agraria critica que se someta al territorio “a una burda subasta” y resalta la convicción de que “no se puede ofrecer un país a quien más puje por él”.

Asaja denuncia que es de nuevo el medio rural el sacrificado para abastecer de recursos, electricidad en este caso, a las grandes ciudades.

Ecologistas en Acción también ha alertado sobre los proyectos para instalar “macrohuertos” solares en diferentes puntos de España; entre ellos, el sur de Madrid –Parla, Pinto, Valdemoro y Torrejón de Velasco–, que amenazan con generar un “irreparable impacto ambiental”, y que incluso podrían provocar “un cambio climático”, con cambios en los vientos, las precipitaciones y las temperaturas, por las grandes estructuras artificiales, de más de tres metros de altura, que requieren los parques fotovoltaicos.

Página de Anpier: https://anpier.org/

Ramón Díaz

Ramón Díaz Alonso (Llanes, Asturias; 1962). Trabaja desde 1990 en La Nueva España, primero como corresponsal en la comarca oriental de Asturias, después como responsable de la edición del oriente de Asturias y desde 2017 en la sección de Asturias, especializado en información política, de infraestructuras y ambiental. Colabora desde enero de 2021 con Verde y Azul, el canal de medio ambiente de Prensa Ibérica y Grupo Zeta. Es coautor de varias publicaciones de la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo (ASPET).