Ya no cabe duda alguna sobre el grave problema que supone el calentamiento climático que se registra en nuestro planeta.
Estamos ante uno de los retos más importantes para la humanidad en las próximas décadas, que va a marcar –así debe ser– la agenda política de los estados, especialmente en los países desarrollados.
Ellos son los que tienen que hacer más esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar sus economías y sus territorios a los efectos previstos de dicho calentamiento.
El cambio climático es un riesgo silencioso pero constante, aunque comienza a manifestar su cara menos amable en forma de episodios atmosféricos extremos más frecuentes y alteraciones en los elementos climáticos principales –temperaturas y precipitaciones–.
Han pasado casi treinta años desde la aparición del primer informe de cambio climático del IPCC. En este período ha mejorado enormemente la investigación científica de este proceso atmosférico y modelización del futuro climático de nuestro planeta. Contamos con el registro diario de datos de las últimas tres décadas que nos están permitiendo conocer con detalle el comportamiento reciente de las temperaturas y las precipitaciones.
Los informes últimos del IPCC a nivel mundial o, en España, de Aemet y de diversos grupos de investigación en universidades y centros oficiales no dejan lugar a dudas. La subida de temperaturas es incontestable; la pérdida de confort térmico nocturno, la prolongación de los rasgos de verano, la intensificación de las lluvias y la pérdida de su regularidad estacional y el llamativo calentamiento del agua del mar Mediterráneo frente a las costas españolas son efectos directos del calentamiento global en nuestro país.
Ante esto no queda otra: o comenzamos a diseñar en España políticas serias y continuadas de adaptación al futuro climático o nuestra economía y nuestro territorio empezarán a sufrir los impactos de este calentamiento en los próximos años. No hay tiempo que perder.
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