Verde y Azul
EFE

18 años de impunidad para El Algarrobico

MIENTRAS LA ADMINISTRACIÓN REITERA SU VOLUNTAD DE ACABAR CON EL COMPLEJO, LOS ECOLOGISTAS DUDAN DE QUE 2021 SEA EL AÑO DEL DERRIBO. EN 2003 SE INICIARON LAS OBRAS Y EN 2006 SE PARALIZARON.

La playa del Algarrobico, ubicada en el municipio almeriense de Carboneras, es el eterno escenario de una esperpéntica historia que cuenta cómo llegó a construirse un hotel en primera línea de playa, en un suelo doblemente protegido por la Ley de Costas de 1988 y por estar incluido en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, desde 1994. Por tanto, un hotel ilegal.

La primera piedra se colocó en 2003, llegando a construirse prácticamente todo el complejo, con una veintena de plantas y más de 400 habitaciones. A los tres años de iniciarse la construcción, un auto del Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería, dictado por el magistrado Jesús Rivera, paralizó los trabajos de forma cautelar, debido a la aparente «ilegalidad» de la licencia de obras, ya que el hotel, ubicado a unos 14 metros de la costa, invade por completo la servidumbre de protección, establecida en 100 metros.

A partir de ahí se inicia una maraña judicial, impulsada por la acción ecologista pero dilatada por el bloqueo frontal de la promotora Azata del Sol, que llegó a dividirse en tres mercantiles para alargar el proceso, así como por la pasividad de las administraciones local y autonómica, implicadas hasta el fondo en la prosperidad del complejo turístico.

El periplo judicial del hotel incluye 37 sentencias, en su mayoría dictadas por el  tribunal supremo

La maquinaria pesada, para estupor de muchos, entró en el Parque Natural de Cabo de Gata por un cambio, a mano alzada, desde la Consejería de Medio Ambiente, en la planimetría de los terrenos, sin previo aviso. El Algarrobico, que aparecía con un nivel C1 de protección, es decir, «no urbanizable» pasó, de la noche a la mañana, a figurar como D2, como «urbanizable». Además, por decisión del Ayuntamiento de Carboneras, Azata quedó exenta de pagar la tasa de la licencia de obras. Todo un camino de facilidades.

Este hotel, cuyo cadáver continúa siendo un símbolo de la especulación urbanística y el salvajismo medioambiental, cumple 18 años sin soluciones y arrastra ya la friolera de 37 sentencias y autos, de los que el grueso se concentra en el Tribunal Supremo.

«No sirven para nada todas las sentencias, decenas de sentencias, del Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Sevilla, de Granada, de Almería… todo eso no ha servido para nada», recalca José Ignacio Domínguez, abogado de Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace. «Aquí la única decisión jurídica que ha tenido efectos es la de febrero de 2006 con el juez Rivera, que paró las obras, lo demás sigue exactamente igual», añade.

Escepticismo ecologista

Después de años y años de resoluciones judiciales sin efectos prácticos sobre el devenir del Algarrobico, las asociaciones ecologistas contemplan con gran escepticismo los anuncios tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Transición Ecológica sobre su voluntad de demoler.

De hecho, el gobierno autonómico ha incluido una partida de 1,1 millones de euros en el presupuesto de 2021 para iniciar el derribo y desescombro del hotel.

«No es la primera vez que asistimos a anuncios así», explica Pilar Marcos, coordinadoras de campañas en Greenpeace. «Este periplo judicial y de denuncia ciudadana ya va para 20 años y somos, de momento, incrédulos a la hora de verlo. Y que se haga con las mayores garantías ambientales». El hecho es que el camino aún es largo y no se separa de la vía judicial.

El Gobierno andaluz afirma que quiere «ir de la mano» del Ejecutivo central para acometer el esperado derribo

La Junta, según informó la consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo, está ahora en trámites para iniciar un pleito civil contra Azata del Sol y Azata Patrimonio, con el objetivo de tomar posesión de los terrenos sobre los que se erige el hotel, de los que la administración autonómica es propietaria desde 2006, cuando ejerció el derecho de retracto por 2,3 millones de euros.

En 2017, el Tribunal Supremo ya sentenció que la Junta de Andalucía debía emplear esa vía, la civil, para registrar las fincas del Algarrobico a su nombre.

«Es imposible que en este año Azata les entregue los terrenos, porque luego viene la discusión del hotel. La Junta se queda con los terrenos pero ¿y qué pasa con el hotel? El Código Civil dice que, por accesión [acceder a la propiedad del solar], lo que se construye en terreno ajeno pasa a ser propiedad del dueño del terreno, pero tendrán que indemnizar a Azata y habrá otra discusión, otro pleito…», vaticina José Ignacio Domínguez, que calcula otros cuatro o cinco años más de espera. «La Junta lo tiene difícil. Si hubiesen querido, ya lo podrían haber demolido, pero no es tan rápido. En un año, ni locos, a no ser que lleguen a un acuerdo con Azata, les entreguen el hotel y lo derriben; eso sí».

Panel informativo del proyecto, junto al hotel
Panel informativo del proyecto, junto al hotel. EFE

De hecho, este abogado, junto a Greenpeace, decidió abrir otro cauce solicitando al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a abrir un expediente de demolición del hotel, una causa que lleva más de un año pendiente de votación y fallo.

«Esto puede acabar cuando el TSJA diga que hay que demoler. Eso está ahí, está visto para sentencia», recalca el letrado.

Por lo demás, solo cabe lo de siempre: esperar a que las administraciones, central, regional y local cumplan en tiempo y forma, especialmente ahora que el Supremo les apremia con la exigencia de remitir informes mensuales sobre sus avances en el proceso de demolición.

O bien, quizás sea el salitre marino, que ya ha acabado con una de las cuatro grúas que custodian el hotel, el que consiga derruirlo, como apunta Domínguez. «Por ahora,va ganando».

 


La Junta de Andalucía proclama su «voluntad inquebrantable» de demoler el complejo

El Gobierno andaluz afirma que quiere «ir de la mano» del Ejecutivo central para acometer el esperado derribo

Tanto la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP), como el Ministerio para la Transición Ecológica han manifestado recientemente su voluntad de demoler «con toda celeridad» el hotel del Algarrobico. Se trata de una tarea que corresponde a las dos administraciones, puesto que el Gobierno central debe financiar la demolición y el regional, acometer las tareas de desescombro y gestión de residuos.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, manifestó, tras anunciar la vía civil para inscribir registralmente a su nombre las fincas del Algarrobico, que mantiene la «voluntad inquebrantable» de acometer la demolición del hotel, así como mantener al mismo tiempo la «voluntad de diálogo» con la propiedad.

«Queremos ir de la mano, coordinados con el Gobierno, y ojalá que en 2021 tengamos puesta una fecha de demolición, porque estamos convencidos de que es lo que quiere la sociedad», señaló Crespo. Sin embargo, también admitió que la existencia de «flecos judiciales» obligan al Gobierno andaluz a que le «pillen con los deberes hechos» para poder seguir adelante con el procceso.

Por su parte, Transición Ecológica ha asegurado que «no se escatimarán esfuerzos» para conseguir «la restauración integral del litoral de Carboneras, que soporta desde hace ya demasiado tiempo el impacto de una edificación que nunca debió existir».

Los orígenes de la protesta

El proyecto del Algarrobico, que contemplaba siete hoteles, miles de viviendas y hasta un campo de golf, llegó al Levante Almeriense en los años dorados del ladrillo en España, esos que llenaron la costa mediterránea de despropósitos urbanísticos desde finales de los noventa hasta que el propio estallido de la burbuja especulativa acabó por paralizar el mercado. «En Almería aún había mucho que salvar», recuerda Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar, la primera asociación ecologista que plantó cara al proyecto y que puso el primer obstáculo a la evolución del hotel incrustado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Andalucía espera poner fecha a la demolición este mismo año y cerrar los flecos judiciales

Esta entidad presentó el recurso en el juzgado de Almería que consiguió paralizar las obras en 2006, la única decisión jurídica que resultó realmente efectiva a día de hoy.

«Yo me quedé atónito cuando vi el monstruo», recuerda Jaime. «Cuando vi que no se estaba haciendo nada, me metí de lleno».

De esta forma, empezó la batalla personal de Del Val contra las pretensiones de la inmobilaria y las administraciones públicas de terminar el hotel, pese a su situación de ilegalidad. Una guerra que emprendió aunque se diera por perdida antes de empezar, según rememora.


Ana I. Montañez