El agrio debate sobre el futuro del lobo en España se dilucidará en los tribunales de justicia. A ellos ha recurrido la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL): ha demandado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por no proteger al lobo en toda España (en la actualidad solo está protegido al sur del río Duero). El conflicto que rodea a esta especie enfrenta a múltiples bandos y facciones, que a menudo pelean todos contra todos. Aunque hay más actores, los cinco principales son: los ganaderos, los ecologistas, los gobiernos autonómicos, el Gobierno de España y la Unión Europea. Cada uno de ellos tiene su propia visión sobre cómo debe ser el futuro de esta emblemática especie en la Península.
Los ganaderos
Los profesionales del sector primario llevan años denunciando el enorme quebranto económico que les provocan los ataques del lobo. Aseguran que los pagos por daños de la Administración no cubren “ni de lejos” los perjuicios sufridos y que el lobo está provocando la desaparición del ganado menor (cabras y ovejas) y pone en peligro la producción de queso artesano, del que viven cientos de familias. El regidor de pastos de Cangas de Onís, Toño García Álvarez, es uno de los portavoces más activos del sector y capitanea desde hace años la lucha contra el lobo. En su opinión, “donde hay ganadería extensiva no puede haber lobos”.
Los ecologistas
La iniciativa de proteger al lobo en toda España fue presentada por ASCEL en octubre de 2019. La propuesta aportaba argumentos técnicos y legales sobre la necesidad de modificar el estatus del lobo en las comunidades situadas al norte del río Duero, en algunas de las cuales está permitida, incluso, su caza. ASCEL reclamaba la inclusión del lobo en el Catálogo de Especies Amenazadas, con la categoría de “vulnerable”, o en su defecto en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Es el único gran carnívoro de la Península que no está catalogado y que es objeto de controles letales de población.
Las consideraciones de ASCEL, que ya ha conseguido tumbar en los tribunales todos los planes de caza de la Junta de Castilla y León, fueron estudiadas por el Comité Científico, dependiente del Ministerio que capitanea Teresa Ribera, que las respaldó por unanimidad el año pasado. Al no atender Transición Ecológica las recomendaciones de los científicos, ASCEL ha decidido judicializar la discusión, presentando un recurso contencioso-administrativo, al considerar que el Ministerio debió impulsar la protección del lobo “inmediatamente después de que así lo reclamara el conocimiento científico”, señala Ignacio Martínez, portavoz de la organización no gubernamental.
Los Gobiernos autonómicos
Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han manifestado su firme rechazo a que el lobo sea protegido y apuestan por seguir gestionando a la especie mediante controles de población y, en el caso castellano-leonés y cántabro, permitiendo su caza. Auguran “problemas sociales” si se protege al lobo en toda España, porque dejarán de tener “herramientas para gestionarlo”, señala el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, el socialista Alejandro Calvo. El titular de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), por su lado, también ha manifestado su “rechazo total” a la protección del lobo y ha reclamado al Gobierno central que le permita continuar con la gestión “prudente y equilibrada” que realiza del lobo.
Según las comunidades del noroeste de España, el lobo goza allí de “buena salud”. Más aún, la población y el número de manadas crece cada año, y la especie va conquistando cada vez más territorio. Consideran “indispensable” el control de la especie porque provoca numerosos daños a la cabaña ganadera; sobre todo, en Asturias, donde el Gobierno del Principado cifra en 2 millones de euros el dinero que desembolsa cada año para compensar a los afectados por los ataques del lobo. Y han lanzado una severa advertencia: se opondrán “con todos los medios” a cambiar el actual estatus del lobo. Los planes y programas del lobo permitían matar 420 lobos en la temporada 2019-2020 en las cuatro regiones del Noroeste.
El Gobierno central
Lleva varios meses dando bandazos. Si en diciembre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defendía la inclusión del lobo en el Catálogo de Especies Protegidas, de acuerdo al criterio científico, en enero el Gobierno central daba marcha atrás y retiraba la propuesta de ASCEL, tras una tensa reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que las comunidades del Noroeste protagonizaron un motín.
La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez llega siete meses después de que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, enviara una carta a ASCEL en la que revelaba que tanto ella como Hugo Morán eran partidarios de la inclusión del lobo en el Catálogo de Especies Amenazadas. Y animaba al colectivo ecologista a denunciar a Castilla y León si seguía oponiéndose a la protección del lobo.
La Unión Europea
Exige proteger al lobo en todas aquellas áreas en las que no se encuentre en “situación favorable”. Y su última evaluación sexenal (2013-2018) concluyó que el lobo presentaba en España un estado de conservación “desfavorable e inadecuado”. Estos calificativos fueron los que llevaron a ASCEL a reclamar la protección del lobo en todo el territorio español. Porque, como recordaba Cristina Narbona en su carta al colectivo conservacionista, existe una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, referida a un caso de Finlandia pero que creó jurisprudencia, que exige “proteger al lobo también en áreas habitadas”.
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Catalogación del lobo en la península ibérica
Portugal: Especie en peligro de extinción, por lo cuentan con el máximo grado de protección legal.
España: Al sur del río Duero el lobo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Al norte del Duero no existe cobertura legal nacional de carácter especial. Bajo este manto normativo, las comunidades autónomas aplican diferentes criterios:
Especie cinegética: Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja
Especie no cinegética: Asturias
Especie de interés especial: País Vasco
Especie en régimen de protección especial: Andalucía
Especie en peligro de extinción: Castilla-La Mancha y Extremadura
Especie extinguida: Navarra y Murcia
Sin catalogar: Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid